Nayarit, nueve años de promesas incumplidas en medidas contra la violencia de género
Según el Grupo de Información en Movimiento (GIM), Nayarit no ha puesto en marcha 20 de las 27 medidas diseñadas para prevenir y atender la violencia contra las mujeres; otras siete están en proceso. La evaluación del GIM abarca acciones entre 2021 y 2024 y arroja que buena parte de las recomendaciones siguen en papel, sin traducirse en cambios concretos en la vida cotidiana.
Para entenderlo con un ejemplo sencillo: una medida puede significar formación obligatoria para servidores públicos, la apertura de refugios o protocolos claros para atender denuncias. Cuando esas medidas no se aplican, las mujeres que buscan ayuda se topan con trámites lentos, falta de personal capacitado o centros que no funcionan. Es la diferencia entre una promesa y una puerta que realmente se abre.
El diagnóstico del GIM pone en evidencia retrasos en áreas clave: prevención comunitaria, atención integral a víctimas, capacitación de autoridades y mecanismos de coordinación interinstitucional. El resultado es preocupante porque mientras las normas existen, su incumplimiento mantiene riesgos y reproduce barreras para denunciar y acceder a justicia.
Desde una mirada constructiva, reconocer el problema es el primer paso. El informe del GIM sirve como instrumento para exigir responsabilidades y diseñar una ruta clara: calendarios públicos de cumplimiento, asignación presupuestaria específica, auditorías independientes y seguimiento ciudadano. Sin esos pasos, las medidas seguirán siendo letras muertas.
Organizaciones civiles, entre ellas el propio GIM, insisten en que el gobierno estatal y el Congreso de Nayarit rindan cuentas y articulen una respuesta urgente. También llaman a la sociedad a vigilar el cumplimiento: participar, preguntar en cabildos, exigir transparencia y que los recursos se destinen a servicios que salven vidas.
¿Qué sigue? Más allá de la denuncia, hacen falta acciones concretas y verificables: establecer fechas límite para cada medida, publicar avances trimestrales, implicar a las comunidades en la prevención y reforzar los servicios locales de salud y justicia. Así se pasa de la promesa a la protección real.
El informe del Grupo de Información en Movimiento es un llamado: no se trata solo de políticas en papel, sino de seguridad y dignidad para mujeres y niñas. La decisión ahora es política y social: actuar para que las medidas se cumplan y no queden en espera otros nueve años.
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