Padres y madres llevan la exigencia de verdad a las calles de la cdmx en el aniversario 12 de ayotzinapa
Madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos encabezaron la marcha y reclamaron avances reales en las investigaciones; la Fiscalía y organismos de derechos humanos siguen en el centro del reclamo.
Ciudad de México. — A 12 años de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos desaparecieron en Iguala, familiares, compañeras y compañeros salieron nuevamente a las calles de la capital para exigir verdad, justicia y reparación.
Las madres y los padres de los 43 lideraron el contingente, que se concentró en el centro de la ciudad y avanzó por avenidas principales hasta el Zócalo. “No hemos tenido respuesta completa, no hay justicia plena”, dijeron los familiares durante la jornada, visiblemente cansados pero firmes en su demanda, según testimonios recabados por este periódico.
En sus consignas llamaron la atención sobre los vacíos en las investigaciones y la necesidad de que la Fiscalía General de la República (FGR) concluya los procesos con resultados comprobables y responsables judicializados. La FGR ha realizado detenciones y girado órdenes de aprehensión en los últimos años, pero para las familias esos avances han sido parciales y, en muchos casos, insuficientes, sostienen organizaciones que acompañan el caso como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
Expertos independientes y organismos internacionales también han señalado fallas. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentaron irregularidades en las primeras investigaciones y pidieron aclarar la posible complicidad de autoridades locales y federales. Estas observaciones siguen presentes en el reclamo público: no se trata solo de culpables aislados, dicen los familiares, sino de desmontar estructuras de impunidad.
El aniversario incluyó además foros y pronunciamientos de colectivos estudiantiles y organizaciones de la sociedad civil que reclamaron medidas concretas: acceso total a información, apertura de archivos militares y policíacos cuando existan indicios, protección para testigos y recursos para las familias que continúan buscando en fosas y territorio. “La búsqueda no se detiene; la memoria tampoco”, afirmaron representantes de varias agrupaciones.
La protesta, cuidadosa en su tono pero clara en el mensaje, también puso en relieve el desgaste emocional y económico que enfrentan las familias. Organizaciones como Centro Prodh han documentado el impacto en salud mental y la precariedad que muchas madres y padres enfrentan mientras buscan respuestas que el Estado les debe.
Desde la esfera pública, la exigencia es doble: por un lado, que la FGR informe con transparencia y acelere procesos; por otro, que las instituciones de derechos humanos mantengan su independencia y acompañamiento técnico. Para muchos observadores, la credibilidad de las investigaciones depende de la capacidad del Estado para abrir archivos, permitir peritajes independientes y proteger a quienes aportan información.
Doce años después, la consigna que se repite es clara y simple: verdad y justicia. Para las familias de Ayotzinapa, ese objetivo no es simbólico; significa conocer el destino de 43 jóvenes, sancionar a los responsables y crear mecanismos que impidan que tragedias similares se repitan.
En su cierre, las madres y los padres anunciaron que las movilizaciones y las acciones legales continuarán hasta que haya respuestas claras. Organizaciones como el Centro Prodh y colectivos estudiantiles anunciaron apoyos para mantener la presión ciudadana y exigir a las autoridades que conviertan las palabras en resultados concretos.
Fuente: testimonios directos de familiares y reportes de la Fiscalía General de la República, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
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