Padres de Ayotzinapa llevan su reclamo a la Corte y exigen investigar las celdas de Iguala
Familias sostienen que autoridades federales confirmaron la presencia de 17 normalistas en las celdas municipales la noche de la desaparición; piden a la Fiscalía y a instancias internacionales una investigación a fondo
Ciudad de México. — El reclamo de las familias de los normalistas de Ayotzinapa volvió a resonar esta semana en pasillos judiciales y plazas públicas. Melitón Ortega, tío del estudiante Mauricio Ortega, aseguró a los medios que “autoridades federales ratificaron a las familias información sobre la presencia de 17 de los normalistas en las celdas de la Policía Municipal de Iguala la noche de su desaparición”, una línea que los padres y madres piden revisar con urgencia.
La denuncia llega en medio de una larga búsqueda de verdad y justicia que comenzó la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos desaparecieron en Iguala, Guerrero. Desde entonces, la investigación ha estado marcada por contradicciones, revisiones y la intervención de expertos nacionales e internacionales.
Organismos como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y peritos forenses han señalado en distintas ocasiones fallas en las primeras pesquisas. Ante ese historial, las familias exigen ahora que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Corte —cuando corresponde— ordenen medidas concretas: reconstrucción de custodia policial, revisión exhaustiva de actas de detención y bitácoras de las celdas, así como nuevas peritajes forenses y entrevistas a custodios que estuvieron a cargo de la Policía Municipal de Iguala.
“No pedimos venganza, pedimos verdad”, dijo Ortega durante la jornada. Para las madres y padres, la posibilidad de que varios normalistas hubieran estado retenidos en instalaciones municipales cambia piezas clave del rompecabezas. Si esa línea se confirma, implicaría revisar responsabilidades no solo a nivel local, sino también en las coordinaciones entre autoridades municipales y federales de aquel entonces.
La exigencia de las familias tiene un impacto concreto en la vida pública: obliga a las instituciones a transparentar expedientes, a abrir fuentes de información y a rendir cuentas sobre protocolos de detención y cadena de custodia. Para la ciudadanía, es la prueba de que una democracia se mide por la capacidad del Estado de investigar y enmendar errores, no por su habilidad para cerrarlos bajo la etiqueta de “casos resueltos”.
Fuentes cercanas a las familias señalan que ya se preparan solicitudes formales a la Corte y a la FGR para que se ordenen medidas cautelares y se habiliten peritajes independientes. Además, piden que organismos como el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y comisiones internacionales puedan acceder a archivos y escenas vinculadas con la noche de la desaparición.
Desde una perspectiva constructiva, las familias reconocen que hay investigaciones en curso y avances en algunas líneas, pero insisten en que la apertura de esta nueva evidencia requiere acción decidida. “Si hubo detenciones, si hubo custodia municipal, hay que decirlo y actuar en consecuencia”, subraya un padre de familia presente en las audiencias.
La Corte y la FGR enfrentan ahora una decisión que trasciende el expediente jurídico: atender el reclamo de quienes han cargado años de incertidumbre. Para la sociedad, lo que está en juego es la confianza en las instituciones y la certeza de que las políticas públicas de seguridad no dejarán a familias enteras en la penumbra.
Las próximas semanas serán clave. Las familias anuncian movilizaciones y presentaciones formales ante instancias nacionales e internacionales si no obtienen respuestas claras. La exigencia es sencilla y contundente: que se investigue hasta el fondo la presencia de 17 normalistas en las celdas de la Policía Municipal de Iguala la noche de su desaparición, y que, si se confirma, se deslinden responsabilidades con transparencia y justicia.
Reporta para este medio: [Redacción]. Fuentes: declaraciones de Melitón Ortega y familiares de los normalistas; investigaciones previas del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y antecedentes de la Fiscalía General de la República.
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