Plazas y sueldos del IEEPO benefician a operadores de Montero y Quetu
El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) aparece nuevamente en el foco público por la asignación de plazas y recursos que, según investigación de El Imparcial de Oaxaca, terminaron en manos de operadores políticos vinculados a Montero y Quetu.
El dato que más ha llamado la atención es el salario bruto: 17,559 pesos mensuales para puestos que se repiten con frecuencia bajo la denominación «Coordinador de proyectos y servicios culturales». Esa figura, en teoría destinada a impulsar actividades culturales en comunidades y escuelas, habría servido también para garantizar ingresos a personas cercanas a intereses políticos locales.
La situación plantea dos preguntas básicas para la comunidad: ¿están esos recursos llegando a acciones concretas en favor de la educación y la cultura, o se están usando como mecanismo de colocación política? Y, si son plazas legítimas, ¿cuáles son los perfiles y las funciones reales de quienes las ocupan?
De acuerdo con El Imparcial de Oaxaca, la repetición del cargo y el monto del salario sugieren un patrón. Para muchos ciudadanos, un sueldo público debe traducirse en servicios palpables: talleres, materiales, formación docente y acceso cultural para niñas, niños y jóvenes. Cuando eso no se evidencia, se abre la puerta al escepticismo y a la exigencia de transparencia.
La asignación de plazas en entidades educativas no es un asunto menor. El IEEPO administra recursos que deberían concentrarse en mejorar la calidad educativa en uno de los estados con más retos educativos del país. Por eso es legítimo pedir claridad sobre los procesos de contratación, los criterios de selección y el uso de los recursos.
Organizaciones sociales y colectivos ciudadanos han señalado repetidamente que la vigilancia sobre el gasto público debe ser constante. Los mecanismos existen: la Ley de Transparencia, la revisión por parte de la Auditoría Superior de la Federación y los comités locales de seguimiento. Lo que falta, muchas veces, es la voluntad para aplicarlos con rigor y la capacidad de las comunidades para exigir resultados.
Este tema también toca lo cultural y lo simbólico. Los coordinadores de proyectos culturales pueden ser aliados valiosos para que las comunidades recuperen prácticas, lengua y memoria. Pero si la plaza es solo un ingreso más sin proyectos ni impacto, se desperdicia una oportunidad y se erosiona la confianza pública.
Desde la ciudadanía, la demanda es clara: información pública accesible sobre quiénes ocupan esas plazas, los proyectos que desarrollan, las evaluaciones de impacto y las evidencias de gasto. Y desde las instituciones, la obligación de responder con datos verificables y acciones concretas.
Mientras tanto, el debate sobre el uso de plazas en el IEEPO muestra que la política pública tiene consecuencias directas en la vida cotidiana de las familias oaxaqueñas. No se trata solo de cifras en una nómina, sino de si esos recursos impulsan escuelas más dignas, más cultura y mejores oportunidades para los jóvenes.
El llamado es a la transparencia y a la participación: que las autoridades expliquen y que la sociedad vigile. Sólo así se podrá convertir un salario en una herramienta real para la educación y la cultura, y no en una estructura al servicio de intereses políticos.
Fuente: El Imparcial de Oaxaca.
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