Sospechas por pagos del IEEPO a coordinadores culturales con vínculos políticos
Salario bruto de 17 mil 559 pesos al mes y el cargo de Coordinador de proyectos y servicios culturales se repiten en nómina; especialistas y ciudadanos piden transparencia.
El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) aparece en una serie de registros donde se observa el pago de un salario bruto de 17 mil 559 pesos mensuales a personas designadas como «Coordinador de proyectos y servicios culturales». Según reportes de El Imparcial de Oaxaca, varios de esos cargos, más que responder estrictamente a perfiles técnicos, estarían ligados a operadores políticos del grupo Montero-Quetu.
La coincidencia en el monto y el nombre del puesto, junto con la reiteración de las mismas personas en contratos o plazas, ha encendido alarmas entre colectivos ciudadanos y actores locales. Para muchos, la duda no es solo administrativa: se pregunta si fondos públicos destinados a cultura y educación se usan también para sostener estructuras de apoyo político.
En términos prácticos, cuando plazas en instituciones educativas se convierten en recursos para mantener redes políticas, lo que se pierde es inversión en programas que benefician a niñas, niños y comunidades escolares. Obras culturales, talleres y proyectos comunitarios quedan en segundo plano si la plaza funciona primordialmente como salario para un operador.
Fuentes consultadas por este medio señalan que no existe hasta ahora una explicación pública detallada sobre las funciones concretas que cumplen esas personas en la nómina del IEEPO. Tampoco se han divulgado informes de evaluación que muestren resultados de proyectos culturales vinculados a esos cargos.
Desde la óptica legal y administrativa, la asignación de plazas y recursos públicos exige claridad: perfil del puesto, responsabilidades, resultados esperados y comprobantes de ejercicio. Ciudadanos y organizaciones piden que el IEEPO haga una auditoría interna y que la autoridad competente revise posibles conflictos de interés.
Contactado para este trabajo, el IEEPO no había proporcionado al cierre de esta nota una explicación pública que detalle la naturaleza de esos pagos ni los criterios de selección de los titulares del puesto. Por su parte, los señalados como vinculados a Montero-Quetu no han ofrecido declaraciones que aclaren si su labor responde a proyectos culturales documentados o a tareas de carácter político.
La discusión trasciende a Oaxaca: plantea preguntas sobre cómo se gestionan los recursos destinados a cultura y educación en gobiernos locales y estatales. Transparencia y control son herramientas para que el dinero público llegue a quienes deben beneficiarse, y no al sostenimiento de estructuras partidistas.
Qué sigue: demandar acceso público y detallado a la nómina y a los contratos, revisar expedientes de las plazas y auditar los proyectos asignados a esos puestos. Solo con información verificable se podrá distinguir entre una contratación legítima para fortalecer la cultura local y un uso indebido de recursos públicos.
Esta investigación retoma elementos publicados por El Imparcial de Oaxaca y plantea la necesidad de que el IEEPO y las autoridades de fiscalización respondan con pruebas y claridad. La ciudadanía tiene derecho a saber en qué se gasta su dinero y a exigir que la cultura y la educación no se conviertan en moneda política.
Contenido y material gráfico conforme a lo difundido por El imparcialoaxaca .
