Fiscalía niega omisiones en el caso Leyva y pide a la Defensoría colaborar en el proceso
El choque entre ambas instituciones plantea dudas sobre transparencia y protección a las víctimas, dicen especialistas.
La Fiscalía General del Estado rechazó las acusaciones de omisiones que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) formuló en torno al llamado caso Leyva. En declaraciones citadas por El Imparcial de Oaxaca, el funcionario Rodríguez Alamilla aseguró que «la Defensoría ha puesto en riesgo el debido proceso y a las propias víctimas en varias ocasiones».
La DDHPO, por su parte, había señalado fallas en la investigación y en la atención a víctimas, lo que motivó su llamado a una revisión y a mayor transparencia. Fuentes de la Defensoría sostienen que esas observaciones buscan garantizar que las indagatorias sean completas y que no se vulneren derechos fundamentales de las personas afectadas.
La disputa subraya un dilema clásico: cómo equilibrar la reserva necesaria para una investigación con el derecho de las víctimas y la sociedad a recibir información clara. La Fiscalía defiende que sus actuaciones han respetado los plazos y protocolos legales, y plantea que las críticas deben acompañarse de pruebas concretas para evitar desgastar procesos en curso.
Especialistas consultados por El Imparcial de Oaxaca recuerdan que los choques entre autoridades pueden traducirse en retrasos o en desconfianza pública, sobre todo cuando los casos involucran a personas vulnerables. Recomiendan que ambas instituciones actúen con apertura: la Fiscalía aportando elementos que aclaren el proceso y la Defensoría enfocando sus señalamientos en documentación que permita corregir fallas sin exponerse a litigios que puedan entorpecer las indagatorias.
En lo inmediato, la Fiscalía invitó a la DDHPO a canalizar sus observaciones de forma técnica y a participar en mesas de trabajo para coordinar medidas de protección a las víctimas. Para la ciudadanía, el resultado de este intercambio no es un asunto técnico: afecta la confianza en las instituciones y la percepción de justicia en casos sensibles.
Queda ahora la expectativa sobre si la Defensoría presentará nuevos elementos que respalden sus señalamientos o si ambas partes lograrán acuerdos prácticos que aceleren la resolución del expediente. Mientras tanto, activistas y familiares de las víctimas piden claridad y resultados, más que declaraciones encontradas.
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