Juez obliga a la fiscalía a recibir a madres de desaparecidos tras plantón
Por fin una resolución judicial obliga a la Fiscalía a abrir la puerta a las familias que por semanas exigieron ser escuchadas. El fallo responde directamente a la movilización de colectivos como Buscando Cuerpos, Regreso a Casa Veracruz, Guerreras Buscadoras Jalisco y Resilientes MX, que se instalaron en plantón frente a la sede de la Fiscalía para reclamar información y participación real en las búsquedas.
La orden del juez, contenida en una resolución que las propias colectivas hicieron pública, obliga a la Fiscalía General de la República a recibir a las madres y a establecer mesas de trabajo para revisar casos puntuales, protocolos de búsqueda y el acceso a la información sobre las carpetas de investigación. Según los colectivos, la medida llega después de meses de negativas y de la falta de respuestas concretas por parte de las autoridades.
El tema no es menor: el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) reporta más de 100 mil personas en esa condición, un número que convierte cada audiencia y cada búsqueda en una cuestión de vida o muerte para las familias. Para ellas, la diferencia entre ser atendidas o ser ignoradas puede significar encontrar un resto, un indicio o una explicación.
Las madres y colectivos han señalado desde el inicio que sus demandas no son sólo emocionales, sino técnicas y prácticas: acceso a bases de datos, identificación de protocolos de búsqueda, acompañamiento en excavaciones y garantía de que la información no se oculte ni se politice. La resolución judicial —dicen— obliga a que esas demandas se traduzcan en acciones verificables por terceros.
Organizaciones de derechos humanos y la ciudadanía han venido documentando fallas en las investigaciones y en la coordinación entre autoridades estatales y federales. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha señalado en diversos informes la necesidad de fortalecer la atención a víctimas y garantizar medidas de búsqueda eficaces. En este contexto, el fallo judicial aparece como una herramienta para presionar a la Fiscalía a desplegar acciones concretas y medibles.
No obstante, el avance es parcial y las familias lo saben. La resolución establece la obligación de recibirlas y de instalar mesas, pero quedan pendientes preguntas clave: cómo se evaluará el cumplimiento, qué plazos concretos fijará la Fiscalía y quién verificará que la información entregada sea completa y útil. Las colectivas han anunciado que mantendrán vigilancia ciudadana y que no levantarán su exigencia hasta comprobar resultados.
Para la sociedad, este episodio plantea dos lecturas: por un lado, la fuerza de la movilización ciudadana como mecanismo para lograr que las instituciones respondan; por otro, la persistencia de un problema estructural que exige reformas profundas en la procuración de justicia y en la política pública de búsqueda. La resolución judicial es un paso importante, pero no sustituye la necesidad de políticas sostenibles que atiendan a las víctimas de forma integral.
La Fiscalía, por su parte, enfrenta ahora la tarea de traducir la orden judicial en acciones claras, transparentes y verificables. Si lo logra, las mesas de trabajo podrían servir como un modelo de colaboración entre autoridades y familias. Si no, el conflicto y la desconfianza se profundizarán, y las madres seguirán buscando respuestas en las plazas y en los juzgados.
La historia no termina con el fallo: continuará en las audiencias, en las búsquedas en campo, en la revisión de expedientes y en la exigencia cotidiana de las familias. Como recordó una integrante de Resilientes MX, lo que piden no es protagonismo, sino resultados —que es lo mismo que pedir justicia.
Fuente: resolución judicial notificada a las colectivas y datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).
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