Oaxaca de Juárez, Oax.— En medio de la crisis de violencia y la confrontación política que atraviesa Oaxaca, el diputado federal de Movimiento Ciudadano, Gibrán Ramírez Reyes, solicitó al Senado de la República declarar la desaparición de poderes en la entidad, mientras que la familia del periodista Alejandro Leyva Aguilar, asesinado el pasado 28 de julio, denunció presuntos actos de hostigamiento por parte del gobierno de Salomón Jara Cruz.
La solicitud de Ramírez Reyes fue presentada este 29 de julio ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con el propósito de que sea remitida al Senado de la República, instancia competente para analizar un procedimiento de esta naturaleza.
En el documento, el legislador de origen oaxaqueño sostiene que el gobernador Salomón Jara ha generado, mediante “sus propias acciones, situaciones y conflictos”, condiciones que afectan gravemente la vida institucional del estado y señala posibles violaciones a disposiciones de las constituciones federal y local.
Previo al asesinato de Alejandro Leyva, Gibrán Ramírez había denunciado públicamente lo que calificó como una “crisis de violencias” y un “régimen de despojo” en Oaxaca.
Como parte de sus argumentos, el diputado presentó un recuento de hechos violentos ocurridos en la entidad, entre ellos los asesinatos de 21 activistas y dirigentes sociales, cinco presidentes municipales, ocho expresidentes municipales y nueve líderes políticos.
A este escenario se sumó el homicidio del periodista Alejandro Leyva Aguilar, exdirector de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV) y autor de la columna El Zumbido del Moscardón, quien fue asesinado a balazos el 28 de julio en San Pablo Etla.
Un día después del crimen, la familia Leyva difundió un comunicado dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la opinión pública, en el que cuestionó la actuación del gobierno estatal en los días previos al asesinato y denunció lo que considera una campaña de señalamientos contra el comunicador.
La familia recordó que Leyva participó el 25 de julio en una protesta durante la Guelaguetza, movilización que, según su versión, se desarrolló de manera pacífica y sin incidentes que afectaran el evento. Señaló además que participaron principalmente mujeres, incluida una embarazada, jóvenes y dos adultos mayores.
De acuerdo con el comunicado, los manifestantes utilizaron pancartas dirigidas a la sociedad oaxaqueña para expresar su inconformidad con el gobierno estatal. La familia asegura que algunas de ellas retomaban frases pronunciadas anteriormente por el propio Alejandro Leyva.
Los familiares acusaron que funcionarios estatales estuvieron presentes durante la manifestación y que posteriormente diversos portales periodísticos y medios afines al gobierno difundieron señalamientos contra los participantes.
También cuestionaron que, tres días después de la protesta y el mismo día del asesinato del periodista, la Secretaría de Gobierno estatal difundiera un comunicado en el que, según la familia, calificaba las acciones realizadas durante la manifestación como “provocaciones”.
La familia Leyva rechazó esa caracterización y sostuvo que la protesta fue pacífica. Además, cuestionó la existencia de un supuesto “protocolo” gubernamental para atender manifestaciones y pidió que se aclare su contenido, alcances y garantías para el ejercicio de las libertades de expresión y manifestación.
“¿Quién le informa las cosas al Gobernador y quién toma semejantes decisiones a sus espaldas?”, plantearon los familiares, al considerar que existe una contradicción entre el discurso oficial y las actuaciones de integrantes de la administración estatal.
En su pronunciamiento, la familia aclaró que no mantiene una “demanda particular” con el Gobierno de Oaxaca y afirmó que su exigencia central es el esclarecimiento del asesinato de Alejandro Leyva.
Asimismo, solicitó directamente la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum para que se investigue la actuación de las autoridades estatales y, en su caso, se sancione a quienes pudieran resultar responsables de encubrimiento u otras irregularidades.
La petición de desaparición de poderes presentada por Gibrán Ramírez y el pronunciamiento de la familia Leyva convergen así en cuestionamientos sobre la situación política, institucional y de seguridad que enfrenta Oaxaca, ahora agravados por el asesinato de un periodista que, apenas tres días antes de su muerte, había participado públicamente en una protesta contra el gobierno de Salomón Jara.
Oaxaca de Juárez, Oax.— En medio de la crisis de violencia y la confrontación política que atraviesa Oaxaca, el diputado federal de Movimiento Ciudadano, Gibrán Ramírez Reyes, solicitó al Senado de la República declarar la desaparición de poderes en la entidad, mientras que la familia del periodista Alejandro Leyva Aguilar, asesinado el pasado 28 de julio, denunció presuntos actos de hostigamiento por parte del gobierno de Salomón Jara Cruz.
La solicitud de Ramírez Reyes fue presentada este 29 de julio ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con el propósito de que sea remitida al Senado de la República, instancia competente para analizar un procedimiento de esta naturaleza.
En el documento, el legislador de origen oaxaqueño sostiene que el gobernador Salomón Jara ha generado, mediante “sus propias acciones, situaciones y conflictos”, condiciones que afectan gravemente la vida institucional del estado y señala posibles violaciones a disposiciones de las constituciones federal y local.
Previo al asesinato de Alejandro Leyva, Gibrán Ramírez había denunciado públicamente lo que calificó como una “crisis de violencias” y un “régimen de despojo” en Oaxaca.
Como parte de sus argumentos, el diputado presentó un recuento de hechos violentos ocurridos en la entidad, entre ellos los asesinatos de 21 activistas y dirigentes sociales, cinco presidentes municipales, ocho expresidentes municipales y nueve líderes políticos.
A este escenario se sumó el homicidio del periodista Alejandro Leyva Aguilar, exdirector de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV) y autor de la columna El Zumbido del Moscardón, quien fue asesinado a balazos el 28 de julio en San Pablo Etla.
Un día después del crimen, la familia Leyva difundió un comunicado dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la opinión pública, en el que cuestionó la actuación del gobierno estatal en los días previos al asesinato y denunció lo que considera una campaña de señalamientos contra el comunicador.
La familia recordó que Leyva participó el 25 de julio en una protesta durante la Guelaguetza, movilización que, según su versión, se desarrolló de manera pacífica y sin incidentes que afectaran el evento. Señaló además que participaron principalmente mujeres, incluida una embarazada, jóvenes y dos adultos mayores.
De acuerdo con el comunicado, los manifestantes utilizaron pancartas dirigidas a la sociedad oaxaqueña para expresar su inconformidad con el gobierno estatal. La familia asegura que algunas de ellas retomaban frases pronunciadas anteriormente por el propio Alejandro Leyva.
Los familiares acusaron que funcionarios estatales estuvieron presentes durante la manifestación y que posteriormente diversos portales periodísticos y medios afines al gobierno difundieron señalamientos contra los participantes.
También cuestionaron que, tres días después de la protesta y el mismo día del asesinato del periodista, la Secretaría de Gobierno estatal difundiera un comunicado en el que, según la familia, calificaba las acciones realizadas durante la manifestación como “provocaciones”.
La familia Leyva rechazó esa caracterización y sostuvo que la protesta fue pacífica. Además, cuestionó la existencia de un supuesto “protocolo” gubernamental para atender manifestaciones y pidió que se aclare su contenido, alcances y garantías para el ejercicio de las libertades de expresión y manifestación.
“¿Quién le informa las cosas al Gobernador y quién toma semejantes decisiones a sus espaldas?”, plantearon los familiares, al considerar que existe una contradicción entre el discurso oficial y las actuaciones de integrantes de la administración estatal.
En su pronunciamiento, la familia aclaró que no mantiene una “demanda particular” con el Gobierno de Oaxaca y afirmó que su exigencia central es el esclarecimiento del asesinato de Alejandro Leyva.
Asimismo, solicitó directamente la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum para que se investigue la actuación de las autoridades estatales y, en su caso, se sancione a quienes pudieran resultar responsables de encubrimiento u otras irregularidades.
La petición de desaparición de poderes presentada por Gibrán Ramírez y el pronunciamiento de la familia Leyva convergen así en cuestionamientos sobre la situación política, institucional y de seguridad que enfrenta Oaxaca, ahora agravados por el asesinato de un periodista que, apenas tres días antes de su muerte, había participado públicamente en una protesta contra el gobierno de Salomón Jara.