Exfuncionaria del IEEPCO acumula 62 aviadores en el INE y, según denuncias, incluso llevó a su masajista
Por El Imparcial de Oaxaca
Una denuncia que mezcla nóminas sospechosas y trato preferencial encendió las alarmas en instituciones locales y nacionales. Señalan que una exfuncionaria del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) aparece con 62 personas registradas como “aviadores” en la nómina del Instituto Nacional Electoral (INE) y que, presuntamente, llevó a su masajista al centro de trabajo “para aliviar sus dolores”, según un contratista que habló con El Imparcial de Oaxaca.
Los aviadores son trabajadores registrados en planillas aunque no realizan tareas efectivas; su existencia implica gasto de recursos públicos y pérdida de transparencia. Si se confirman las cifras —62 nombres vinculados a la exfuncionaria— hablamos de un esquema que afectaría el uso de dineros destinados a procesos electorales y a la operación institucional.
El contratista que hizo la acusación relató a El Imparcial de Oaxaca cómo, en su versión, la exfuncionaria intervino en la asignación de contratos y trajo a su masajista al INE. “Se lo llevó para aliviar sus dolores”, dijo la fuente, que pidió mantener el anonimato por temor a represalias. Esa versión, por ahora, es una acusación que debe ser investigada y documentada por las autoridades competentes.
Desde el INE y otros órganos de control corresponde abrir auditorías administrativas y revisar si hubo conflictos de interés en la adjudicación de contratos. También es indispensable verificar la plantilla laboral para distinguir a quienes realmente prestan un servicio del personal fantasma.
Más allá del deslinde institucional, este caso resuena en la vida cotidiana: recursos que deberían financiar capacitación ciudadana, logística electoral o mejoras en servicios públicos se ven en riesgo cuando la nómina no es clara. La transparencia no es un tecnicismo; es dinero público que impacta en salud, educación y participación democrática.
En la narrativa pública, la respuesta de las autoridades decidirá si el asunto queda en una denuncia o se transforma en un caso de rendición de cuentas. Ciudadanos y organizaciones civiles pueden exigir auditorías y acceso a la información para entender el alcance real de estas irregularidades.
Como joven periodista, sostengo que la información debe acompañarse de pruebas y del debido proceso, pero también de medidas claras que eviten la repetición de prácticas opacas. Exhortamos al INE, a la Secretaría de la Función Pública y a los órganos de control estatales a revisar las pruebas que presenten los denunciantes y a transparentar el mapa de beneficiarios de contratos y plazas.
Seguiremos dando seguimiento a la investigación y recogiendo testimonios que permitan esclarecer responsabilidades y proponer mecanismos que garanticen que el trabajo electoral y administrativo se financie y ejerza con transparencia y dignidad.
