El peso de la violencia: oaxaca paga el doble en menos de una década
Por persona, el impacto económico de la violencia en Oaxaca alcanza 25,282 pesos al año; una cifra que, según el Índice de Paz México, se ha duplicado en diez años y es similar a la de Puebla.
La violencia no solo golpea vidas y comunidades, también vacía bolsillos. El Índice de Paz México revela que el costo económico por persona en Oaxaca llegó a 25,282 pesos anuales, el doble de lo que representaba hace una década. Esa cifra mide pérdidas directas e indirectas: desde el gasto en seguridad privada y daños materiales hasta la caída en la actividad económica por miedo y la atención médica y legal que implican los hechos violentos.
Para ponerlo en términos familiares, una familia de cuatro siente un impacto cercano a 101,128 pesos al año. Ese dinero podría destinarse a mejoras de vivienda, escuela o salud; en cambio se consume en reparar vidrios, reforzar puertas, pagar taxis nocturnos o cubrir gastos imprevistos por lesiones y trámites.
El efecto es transversal. El turismo, pilar importante para muchas regiones de Oaxaca, se vuelve vulnerable; productores de café, artesanos y comerciantes enfrentan costos mayores para transportar mercancías y mantener seguridad. Además, los gobiernos locales destinan recursos a atender emergencias y reforzar presencia policial, lo que desplaza inversión pública que podría ir a educación, salud o proyectos productivos.
El informe del Índice de Paz México también compara a Oaxaca con otros estados; en términos de costo per cápita comparte cifras similares con Puebla, lo que sugiere que la violencia tiene un efecto económico sostenido más allá de episodios aislados. Las causas son complejas: disputas por territorio, presencia de organizaciones criminales, debilidad institucional y desigualdad que dificulta opciones económicas legítimas para jóvenes.
No todo es resignación. La reducción real del costo implica medidas combinadas: prevención social con educación y empleo para jóvenes, fortalecimiento de instituciones judiciales y policiales, transparencia en el uso de recursos y programas comunitarios que recuperen el tejido social. Iniciativas exitosas en otras regiones muestran que invertir en cultura, deporte y proyectos productivos reduce incentivos para la delincuencia y devuelve confianza al comercio y al turismo.
Como periodista y como vecino, creo que la prioridad debe ser poner en el centro a las personas afectadas: apoyar políticas públicas evaluadas por resultados, exigir rendición de cuentas y promover la participación ciudadana para vigilar que los recursos se utilicen en prevención y oportunidades, no solo en contención.
El costo económico que reporta el Índice de Paz México es, en realidad, una llamada de atención. Doble en una década, ese número refleja decisiones de política pública y prioridades colectivas. Reducirlo es posible, pero requiere voluntad política sostenida, inversión social y la participación activa de la comunidad.
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