Caen en Zapopan dos presuntos líderes de célula que extorsionaba a productores de aguacate
La Fiscalía de Jalisco informó la detención en Zapopan de dos presuntos integrantes de una célula delictiva identificados como R2 y 19, señalados de extorsionar a empresarios y a productores de aguacate, participar en secuestros y agredir a autoridades en Jalisco y Michoacán.
Según un comunicado de la Fiscalía, el arresto se logró tras un operativo coordinado con la Fiscalía General del Estado de Michoacán y la Guardia Nacional. Durante las diligencias, las autoridades aseguraron documentación y objetos vinculados con la investigación, y mantienen abiertas las indagatorias para determinar el alcance de la red criminal y posibles vínculos con otras bandas.
Productores de aguacate y pequeños empresarios de la región han denunciado desde hace meses el cobro de “derecho de piso” y amenazas que encarecen la producción y afectan la seguridad de las familias rurales. La extorsión no sólo representa una pérdida económica: genera miedo, limita la inversión y puede empujar a los productores a abandonar parcelas que sostienen a comunidades enteras.
El caso conecta con un problema más amplio: Michoacán y zonas de Jalisco son ejes de la producción de aguacate en México, por lo que la presencia de células delictivas en la cadena productiva tiene efectos en la economía local y en la percepción de seguridad. Por eso, la Fiscalía insistió en que se continuará con acciones para desarticular las células y proteger a las víctimas, mientras que la Guardia Nacional reforzará la presencia en áreas rurales críticas.
Especialistas y organizaciones del campo consideran que la respuesta policial debe ir acompañada de políticas públicas que ofrezcan alternativas económicas, seguridad jurídica y vías de denuncia accesibles. En palabras de la Fiscalía, las autoridades hacen un llamado a las víctimas para que aporten información y denuncien, con la promesa de medidas de protección y seguimiento a las carpetas de investigación.
El arresto de R2 y 19 fue descrito por la Fiscalía de Jalisco como un avance, pero también un recordatorio de que desmantelar redes de extorsión y secuestro exige coordinación entre estados, programas de apoyo al campo y la participación activa de las comunidades afectadas. Para muchos productores, la solución pasa por combinar seguridad con desarrollo: vigilancia en el territorio, canales efectivos para denunciar y políticas que garanticen ingresos y tranquilidad para quienes trabajan la tierra.
