-Víctor Hugo Alejo Torres amenaza ahora con llevar a juicio político a ministros de la Suprema Corte si avalan el acuerdo de límites entre Oaxaca y Chiapas. Pero el exconsejero jurídico carga con una historia incómoda en el mismo expediente: fue acusado de intentar frenar la controversia que terminó dando la razón territorial a Oaxaca.
Oaxaca, Oaxaca.- Víctor Hugo Alejo Torres volvió al centro de la disputa por Los Chimalapas, ahora con una amenaza contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): promover juicio político contra las ministras y ministros que eventualmente consideren válido el convenio de límites firmado entre Oaxaca y Chiapas.
El exconsejero jurídico del gobierno de Gabino Cué sostiene que ese acuerdo pretende modificar una sentencia definitiva y vulnerar la cosa juzgada. Lo que Alejo no coloca en primer plano al asumir la defensa de aquella resolución es su propia y controvertida historia dentro del expediente que la produjo.
Alejo era el consejero jurídico de Oaxaca cuando en 2012 se preparó la controversia constitucional 121/2012. Organizaciones defensoras de Los Chimalapas lo acusaron posteriormente de intentar desalentar acciones constitucionales de los municipios y de resistirse incluso a la presentación del recurso estatal. Después quedó al frente del seguimiento del litigio.
Los cuestionamientos lo acompañaron durante años. Desde el antiguo gabinete de Gabino Cué se denunció públicamente que inicialmente se había opuesto a la controversia para después hacerla suya; el Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas señaló posteriormente a Víctor Hugo y a su hermano Ángel por su actuación alrededor del expediente y, en 2023, el gobernador Salomón Jara acusó al exconsejero de buscar “obstruir la aplicación de la sentencia de la SCJN y obtener privilegios personales”.
Las acusaciones comenzaron desde el origen
Una parte del Gobierno de Oaxaca decidió acudir a la Suprema Corte en 2012 para enfrentar los actos realizados por Chiapas sobre territorio que consideraba oaxaqueño. La estrategia involucró a distintas áreas de la administración, a las comunidades de Santa María y San Miguel Chimalapa y a especialistas encargados de construir el soporte jurídico, histórico y cartográfico de la defensa.
Desde la Secretaría General de Gobierno encabezada por Jesús Martínez Álvarez se impulsó la vía constitucional y la Secretaría de Asuntos Indígenas, dirigida por Adelfo Regino Montes, acompañó a las comunidades. Para fortalecer jurídicamente el expediente se recurrió además a Pedro Nava Malagón, abogado especializado en controversias constitucionales y con experiencia previa dentro de la Suprema Corte.
Pero mientras se preparaba la batalla jurídica contra Chiapas, dentro del propio Gobierno existían diferencias sobre su conducción. Una de ellas tenía como protagonista a la Consejería Jurídica encabezada por Alejo, quien siempre mantuvo una postura que presumía una intentona de boicot en contra de las comunidades zoques.
En 2017, el Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas hizo pública una reconstrucción particularmente comprometedora para el exfuncionario. Lo acusó de haber realizado gestiones durante 2012 para convencer a autoridades de San Miguel Chimalapa de no promover controversias constitucionales municipales que reforzaran la defensa territorial.
El Comité también puso bajo la lupa las últimas horas del 29 de noviembre de 2012, fecha límite para presentar el recurso. Según su denuncia, a las cinco de la tarde Alejo todavía se negaba a firmarlo y fue necesaria la intervención a regañadientes del gobernador Gabino Cué para que finalmente lo hiciera.
El señalamiento nunca fue establecido como hecho mediante una resolución judicial.
La Corte admitió posteriormente el asunto y Oaxaca consiguió llevar a la justicia constitucional una disputa territorial que se había prolongado durante décadas.
Alejo termina controlando el litigio
El giro se produjo en 2013. Tras la salida del entonces secretario General de Gobierno, el expediente quedó bajo la responsabilidad de la Consejería Jurídica.
Es decir, Alejo terminó al frente del seguimiento de la misma controversia a cuya presentación, según las acusaciones posteriores, se había resistido.
El Comité de Los Chimalapas denunció que después de ese cambio fue desarticulado el equipo interdisciplinario que había participado en la construcción técnica, histórica y jurídica del caso. También aseguró que en octubre de 2013 Alejo contrató a su hermano Ángel Alejo Torres -hoy magistrado- para realizar gestiones relacionadas con la controversia y cuestionó tanto el procedimiento como su perfil para intervenir en un litigio de esa complejidad.
Las diferencias llegaron incluso al antiguo gabinete de Cué. En febrero de 2014, el exsecretario General de Gobierno Jesús Martínez Álvarez publicó una carta abierta en la que afirmó que el titular de la Consejería Jurídica se había opuesto inicialmente a las acciones legales, “en especial” a la controversia constitucional, y después la había hecho suya.
También cuestionó la forma en que se estaba litigando el expediente y decisiones adoptadas desde la Consejería. Su crítica terminó resumida en una pregunta pública: “¿A qué le apuesta la Consejería Jurídica de nuestro Estado?”.
No era una acusación construida después de conocer el resultado del juicio. Fue formulada en 2014, con Alejo todavía como consejero jurídico y cuando faltaban siete años para que la Suprema Corte resolviera el caso.
Los cuestionamientos continuaron. En 2017, el Comité volvió a señalar a Víctor Hugo y Ángel Alejo y los acusó de cometer errores que, desde su perspectiva, complicaron y retrasaron el procedimiento.
No existe una resolución que responsabilice a los hermanos Alejo por la duración del juicio. Pero el expediente que algunos consideraban que podía resolverse en aproximadamente tres años terminó tardando nueve.
La Corte resuelve y Alejo reaparece
En noviembre de 2021, la Suprema Corte finalmente resolvió la controversia y fijó la línea divisoria entre Oaxaca y Chiapas. El fallo dio la razón territorial a Oaxaca sobre una amplia zona de Los Chimalapas.
Dos años después, Alejo reapareció alrededor del mismo expediente, aunque ya no como funcionario del Gobierno estatal.
Oaxaca y Chiapas firmaron el 18 de abril de 2023 un Convenio Amistoso de Límites Territoriales para atender problemas derivados de la ejecución de la sentencia. Alejo asesoró acciones de comunidades contra ese acuerdo y promovió ante la Suprema Corte un amicus curiae.
Entonces llegó una nueva acusación, esta vez desde el gobierno de Salomón Jara.
El mandatario acusó al exconsejero de actuar de manera “perversa e irresponsable”, utilizar mentiras y desinformación y buscar “obstruir la aplicación de la sentencia de la SCJN y obtener privilegios personales”. También pidió a las comunidades de Los Chimalapas no dejarse sorprender por el abogado.
El señalamiento tenía un ingrediente adicional: provenía de un gobierno distinto al de Gabino Cué y aparecía once años después de las primeras diferencias alrededor de la controversia.
La acusación sobre supuestos privilegios personales corresponde a lo declarado por Jara y no ha sido acreditada mediante una resolución judicial. Alejo sostiene justamente lo contrario: afirma que su actuación busca proteger la sentencia e impedir que los gobiernos de Oaxaca y Chiapas modifiquen mediante un convenio lo que ya resolvió la Suprema Corte.
De cuestionado a acusador
El exconsejero advirtió que promoverá juicio político contra las ministras y ministros que eventualmente avalen el convenio entre Oaxaca y Chiapas. Asegura que hacerlo implicaría desconocer una sentencia definitiva y vulnerar la cosa juzgada.
La Suprema Corte ha informado que no ha emitido una nueva resolución sobre la validez del convenio y que el expediente permanece en etapa de cumplimiento de sentencia. Alejo amenaza así con llevar a juicio político a ministros por el sentido de un voto que todavía no han emitido.
Su ofensiva actual contrasta con los antecedentes que arrastra dentro del mismo caso. Fue señalado por intentar desalentar acciones constitucionales cuando se preparaba la defensa de Los Chimalapas; posteriormente terminó al frente del seguimiento del expediente; su hermano fue incorporado a las gestiones relacionadas con el litigio; recibió cuestionamientos públicos por la conducción jurídica del asunto y, años después, Salomón Jara lo acusó de intentar obstruir la aplicación de la sentencia y buscar beneficios personales.
Las acusaciones no prueban por sí mismas que Alejo haya cometido una conducta ilegal y tampoco invalidan automáticamente sus argumentos actuales contra el convenio. Pero forman parte de un expediente político y público que resulta difícil separar de la posición que ahora pretende asumir.
En poco más de una década, Alejo pasó de consejero jurídico cuestionado por su actuación durante la gestación de la controversia, a responsable de su seguimiento y posteriormente a abogado enfrentado con el Gobierno de Oaxaca por la ejecución de la sentencia.
Hoy pretende colocarse como uno de sus principales defensores.
Y amenaza con juicio político a los ministros de la Suprema Corte si no comparten su interpretación.
La paradoja es difícil de ignorar: quien fue acusado de intentar frenar la controversia que llevó Los Chimalapas ante la Corte ahora amenaza a los ministros por lo que puedan decidir sobre la sentencia que nació precisamente de aquel litigio.
