Colectivos y familias acusan opacidad en la depuración de casos de desaparecidos
Alertan que el análisis previo del SESNSP no tuvo una metodología pública y temen que la nueva revisión deje fuera a personas todavía buscadas por sus seres queridos
Ciudad de México — Colectivos de búsqueda y familias de personas desaparecidas alertan sobre falta de transparencia en la nueva revisión de casos que impulsa el Estado. Denuncian que el análisis previo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) careció de una metodología pública y participativa, y temen que la “depuración” termine invisibilizando a quienes aún no aparecen.
“Nos preocupa que revisen los expedientes a puerta cerrada; si nos quitan casos, nos quitan la posibilidad de encontrarlos”, dice una madre que participa en un colectivo y pidió mantener su nombre por seguridad. Ese miedo se repite en varios grupos: la revisión sin criterios claros equivale a borrar huellas, explican.
El reclamo combina datos y experiencia. El SESNSP es la instancia que concentra las cifras oficiales y ha reconocido la necesidad de depurar registros para homogeneizar estadísticas. Pero, según los colectivos, esa depuración debe explicarse paso a paso: qué criterios se usan para reclasificar, quiénes auditan el proceso y cómo se garantiza que las familias participen y reciban información.
La opacidad tiene consecuencias prácticas. Cuando un caso se reclasifica o se “cierra” sin la participación de la familia, se pierden rutas de búsqueda, acceso a protocolos forenses y, en ocasiones, apoyos gubernamentales. Para los familiares, no se trata solo de números sino de mantener vivos los canales para encontrar a una persona.
Organizaciones civiles y colectivos han solicitado al SESNSP y a la Comisión Nacional de Búsqueda la publicación de la metodología completa, la apertura de mesas de trabajo con representantes de las familias y la creación de mecanismos de auditoría independientes. Piden también que cualquier cambio en los registros venga acompañado de notificaciones claras y recursos para impugnar decisiones cuando proceda.
Desde una perspectiva más amplia, especialistas en derechos humanos consultados por este medio insisten en que los procesos de depuración deben proteger el derecho a la verdad y a la reparación. La ausencia de reglas públicas abre la puerta a errores administrativos que, además de sombras estadísticas, generan dolor y desconfianza en las instituciones.
Para avanzar, las familias y colectivos proponen pasos concretos: publicar los criterios técnicos, garantizar acceso a bases de datos a representantes legitimos de colectivos, permitir observación ciudadana durante la revisión y establecer plazos y responsabilidades claras. “La transparencia no borra errores; evita que se repitan”, señala un integrante de un colectivo de búsqueda.
El reto es institucional y humano: reconciliar la necesidad legítima de ordenar cifras con el deber de proteger a las víctimas y sus familias. El SESNSP tiene la llave para mostrar cómo trabaja; las familias piden que la abra y que no se haga a oscuras. Mientras tanto, para muchos, cada expediente es una posibilidad concreta de regreso, no un simple registro estadístico.
Fuente: SESNSP y testimonios de colectivos de búsqueda y familias.
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