Colapso en Punta Paraíso obliga a demoler dos torres tras fallo judicial
El desplome parcial de una construcción en Punta Paraíso, Nayarit, y el fallo en contra de la empresa desarrolladora han encendido las alarmas entre vecinos y autoridades. Según la resolución del Tribunal Colegiado en materia administrativa y reportes de la Comisión Estatal de Protección Civil de Nayarit, la firma Pacific Lifestyle Properties perdió un amparo: deberá demoler dos torres, restituir 1,466 metros cuadrados afectados y pagar una multa.
El hecho no es solo técnico: para la gente que vive y trabaja en la zona significa riesgo inmediato y dudas sobre quién garantiza permisos y supervisión. Vecinos consultados por este medio relatan noches de temor tras ruidos y hundimientos, y señalan, con impotencia, que los avisos a autoridades locales tardaron en atenderse.
La resolución judicial, a la que tuvo acceso este medio, apunta irregularidades en el proceso de autorización y en la seguridad de la obra. La Comisión Estatal de Protección Civil de Nayarit confirmó medidas preventivas en la franja costera y la evaluación estructural del resto del desarrollo, aunque señaló que la ejecución de la demolición corresponderá a las instancias competentes y, en su caso, al propio desarrollador.
Expertos en urbanismo consultados por este periódico explican que un fallo judicial que obliga a devolver suelo y demoler implica, además del acto físico, un proceso administrativo complejo: sanciones, responsabilidades compartidas entre Ayuntamiento, estado y empresa, y la necesidad de garantizar que el desalojo y la demolición se realicen con seguridad para la población.
El impacto social tiene varias aristas. En lo inmediato, comerciantes y trabajadores informales advierten pérdida de ingresos por cierres y desconfianza turística. A mediano plazo, hay riesgo ambiental por escombros en la franja litoral y por afectaciones a infraestructura pública. Ciudadanos y organizaciones civiles piden transparencia en la aplicación de la sentencia y que se publiquen los documentos técnicos que sustentaron el fallo.
La situación pone sobre la mesa preguntas urgentes: ¿quién supervisó el cumplimiento de permisos durante la construcción? ¿Qué mecanismos existen para prevenir que proyectos con posibles irregularidades lleguen a etapas peligrosas? Y, sobre todo, ¿cómo se protege a las comunidades que viven alrededor?
Desde una perspectiva constructiva, organizaciones locales y especialistas proponen tres prioridades: que la autoridad garantice un proceso de demolición seguro y participativo; que se realice una auditoría pública de permisos y obra; y que se establezcan medidas de reparación para vecinos afectados. La Comisión Estatal de Protección Civil de Nayarit y el Tribunal Colegiado deben coordinarse con autoridades municipales para dar seguimiento y comunicar de manera clara los plazos y responsables.
Para los habitantes de Punta Paraíso, la orden de demolición es un paso de la justicia; para la comunidad en general, es un recordatorio de la necesidad de reglas claras, supervisión efectiva y participación ciudadana. Este periódico seguirá el caso y exigirá, con información y rigor, que la reconstrucción de la legalidad no deje a nadie atrás.
Fuente: Tribunal Colegiado en materia administrativa; Comisión Estatal de Protección Civil de Nayarit; testimonios de vecinos.
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