Ordenan demoler dos torres en Punta Paraíso; fallo judicial destapa irregularidades en el proyecto
Un fallo del Poder Judicial de la Federación obligó a la empresa Pacific Lifestyle Properties a demoler dos torres en el desarrollo Punta Paraíso, restituir 1,466 metros cuadrados de terreno y pagar una multa, resoluciones que ponen en evidencia irregularidades en permisos y ocupación del litoral nayarita.
La sentencia, que revoca un amparo a favor de la compañía, ordena retirar la construcción que invadió supuestamente la franja federal del litoral y devolver el área a su condición anterior. Según el documento judicial, revisado por este medio, la obra no cumplió con las autorizaciones ambientales y con la regulación aplicable a la Zona Federal Marítimo Terrestre.
Para la gente de la zona, la noticia confirma lo que muchos denunciaron desde el inicio: promesas de empleo y desarrollo turísticos que terminaron en construcciones que alteran la playa y generan riesgos. Vecinos consultados por este periódico señalan que la obra creció rápido, sin suficiente transparencia y con escasa consulta ciudadana.
¿Qué significa el fallo en la práctica? En lo inmediato, la empresa debe presentar un plan de demoliciones y restitución del terreno, además de cubrir la multa impuesta. En el mediano plazo, el caso obliga a que autoridades ambientales y municipales revisen permisos y mecanismos de fiscalización para evitar que otros proyectos ocupen indebidamente la franja costera.
Este episodio tiene varias aristas: de un lado, la vulnerabilidad del litoral frente a proyectos privados; del otro, la falta de claridad en los procedimientos de autorización y supervisión. Organizaciones sociales y especialistas en gestión costera consultados por este diario insisten en que la protección de playas y manglares no es contradictoria con el turismo, sino condición para su sostenibilidad.
La resolución del Poder Judicial también abre la puerta a posibles sanciones adicionales si las autoridades ambientales detectan daños que requieran restauración ecológica. En otros casos similares en el país, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha aplicado medidas de reparación y sanciones administrativas, pero la eficacia de esas acciones depende de seguimiento y transparencia.
Nuestro enfoque es claro: el acceso al litoral es un bien común. La normativa existe para protegerlo, y la ciudadanía tiene derecho a saber quién autorizó qué y por qué. Este caso confirma que la vigilancia social y el control institucional deben fortalecerse. Desde aquí, animamos a la Secretaría del Medio Ambiente, a los órganos de fiscalización y a los ayuntamientos a hacer públicos los expedientes relacionados con Punta Paraíso y a consultar a las comunidades afectadas.
En tanto se ejecuten las demoliciones y la restitución —y se aclare si hubo responsabilidades administrativas o penales—, la playa y quienes viven de ella seguirán a la espera. Este periódico continuará el seguimiento del caso y pedirá a las autoridades copias de los permisos y actas de inspección para que la información sea transparente y verificable.
Fuente: fallo del Poder Judicial de la Federación y documentación consultada por este periódico.
Contenido y material gráfico conforme a lo difundido por Aristegui Noticias .
