Justicia en pausa: en 2025 solo uno de cada cien delitos tuvo resolución efectiva
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía presentó la nueva edición de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) y el diagnóstico es contundente: según el INEGI, apenas el 1% de los delitos registró una justicia efectiva en 2025. Es decir, en 99 de cada 100 casos la respuesta estatal no llegó a sanción, reparación o resolución que las víctimas pudieran considerar satisfactoria.
Ese número no es una abstracción estadística. Significa que quien denuncia un robo, una agresión o una extorsión muchas veces se encuentra con investigaciones truncas, expedientes sin seguimiento o archivos muertos en una fiscalía. Para la gente en las colonias eso se traduce en una sensación clara: denunciar no vale la pena. La encuesta del INEGI vuelve a mostrar lo que muchas personas viven a diario, y explica por qué la desconfianza hacia las autoridades crece en hogares y barrios.
La impunidad funciona como un boomerang social: al no castigar delitos, se incentiva la repetición, se reduce la cooperación ciudadana y se deteriora el tejido comunitario. Para una persona que sufrió un delito, la ausencia de una respuesta efectiva es también una herida administrativa que se suma al daño material o emocional.
Los datos de la Envipe 2025 confirman dos realidades que van de la mano: bajos niveles de denuncia y una altísima probabilidad de que, aun cuando se denuncie, el caso no avance hasta una resolución. Esa combinación socava la gobernabilidad y la seguridad cotidiana. No se trata solo de estadísticas: se trata de la capacidad del Estado para garantizar derechos básicos.
¿Qué se necesita para salir de este círculo vicioso? Primero, más recursos y mejor gestión en las fiscalías y los servicios periciales: sin laboratorios forenses ágiles, sin personal capacitado y sin sistemas de seguimiento eficientes, las carpetas se estancan. Segundo, políticas de atención a víctimas que incentiven la denuncia con protección y acompañamiento, no con trámites que revictimizan. Tercero, transparencia y rendición de cuentas: que las fiscalías publiquen avances claros por caso y que las comunidades puedan exigir resultados.
Reconocer el problema no es negar avances parciales. En algunas entidades hay experiencias prometedoras de trabajo conjunto entre autoridades y organizaciones civiles para mejorar el seguimiento de investigaciones y la atención a víctimas. El reto es escalar esas prácticas y transformar un sistema que hoy devuelve impotencia al mayor número de afectadas y afectados.
La Envipe del INEGI nos pone frente a una pregunta simple: ¿queremos vivir en una sociedad donde la mayoría de los delitos quede sin respuesta? La respuesta exige decisiones políticas, presupuesto, capacitación y participación ciudadana. Exigir justicia no es solo una demanda individual, es un compromiso colectivo: vigilar a las instituciones, apoyar a las víctimas y participar en propuestas que prioricen la justicia social y el bienestar.
Si la impunidad se vence, será con reformas institucionales concretas y con presión desde la ciudadanía. Mientras tanto, el 1% reportado por INEGI es una alarma que no podemos ignorar.
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