Proponen aguinaldo de 30 días por antigüedad: qué implicaría para trabajadores y empresas
De avanzar en comisiones y ser aprobada por las cámaras del Congreso de la Unión, la reforma entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF.
Una iniciativa que plantea reconocer un aguinaldo de 30 días “por antigüedad” en la Ley Federal del Trabajo (LFT) vuelve a colocar en la mesa el debate sobre prestaciones y costos laborales. El Imparcial de Oaxaca informó sobre la propuesta que ahora llega a las comisiones del Congreso; si obtiene el visto bueno en ambas cámaras, la reforma tendría efecto al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Hoy la LFT establece un aguinaldo mínimo de 15 días de salario al año y obliga a pagarlo antes del 20 de diciembre. La propuesta, según la información disponible, busca aumentar ese parámetro para que la antigüedad se traduzca en un pago equivalente a 30 días por cada año considerado. La redacción aún puede variar durante el trámite legislativo, por lo que hay puntos por aclarar: si se trataría de 30 días como mínimo general, o de un esquema que aumente progresivamente con los años de servicio.
¿Qué significa esto en términos prácticos? Si un trabajador tiene un salario diario de 400 pesos, 15 días de aguinaldo representan 6,000 pesos; 30 días serían 12,000 pesos. Para millones de familias mexicanas, más aguinaldo equivale a mayor liquidez en diciembre, más capacidad de cubrir gastos y de impulsar el consumo local en temporada navideña.
Al mismo tiempo, el impacto para empleadores puede ser significativo. Para pequeñas y medianas empresas con márgenes estrechos, duplicar la carga de aguinaldo implica revisar precios, reducir contratación temporal o ajustar prestaciones. Economistas y cámaras empresariales suelen advertir sobre el costo inmediato y la necesidad de esquemas de transición para evitar efectos adversos en empleo.
En el terreno político y social, la propuesta tensiona prioridades: promover justicia salarial y mejorar el ingreso de trabajadores frente a la estabilidad económica de las empresas. Sindicatos y organizaciones laborales suelen recibir con simpatía incrementos en prestaciones; representantes del sector privado piden considerar plazos, exenciones o apoyos para microempresas.
Hay además aspectos técnicos que quedarán por dirimirse en comisiones: la mecánica de cálculo para contratos a tiempo parcial, cómo se contabiliza la antigüedad en casos de subcontratación, y las salvaguardas para que la medida no genere prácticas evasivas. Autoridades laborales tendrán que vigilar la aplicación para que la reforma no sea letra muerta ni fuente de abusos.
Mientras la iniciativa avanza en el Congreso, conviene que la ciudadanía siga el trámite y que las y los legisladores expliquen con claridad los beneficios y los costos. Un cambio en la LFT de esta magnitud afecta dinero en los bolsillos y la dinámica de muchas empresas: es un buen momento para preguntar a diputados, senadores y representantes sindicales cómo piensan equilibrar los derechos laborales con la salud de la economía local.
La noticia fue reportada por El Imparcial de Oaxaca y ahora comienza su discusión formal. Estaremos atentos a las audiencias en comisiones, las versiones que presenten las partes interesadas y el texto final que, en caso de aprobarse, tendría vigencia inmediata tras su publicación en el DOF.
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