Defensor reactivó denuncias por amenazas tras advertencia previa al asesinato de su colega
José Vásquez, defensor de derechos humanos, informó que reabrió dos denuncias por amenazas ante la Fiscalía General del Estado después de rendir declaración tras el asesinato de su compañero. Según la Fiscalía, las carpetas ya figuran como activas y se integran en la investigación por el homicidio.
Vásquez dijo a este periódico que había presentado las primeras denuncias meses atrás, pero que fueron archivadas o quedaron inactivas. «Volví a presentarlas porque la amenaza se cumplió con la muerte de mi compañero», explicó. La declaración ante la Fiscalía coincidió con la reapertura formal de ambos expedientes, según constancias oficiales.
El caso pone en evidencia un patrón que organizaciones civiles y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) han señalado: los defensores enfrentan riesgos crecientes y, con frecuencia, las alertas no se traducen en medidas de protección efectivas. Según la CNDH, los ataques contra personas que defienden derechos fundamentales siguen siendo una preocupación grave en varias entidades del país.
Para la comunidad local, la noticia es un golpe doble. No solo se lamenta la pérdida de una vida, también existe desconfianza sobre la capacidad de las autoridades para prevenir y atender amenazas. «Cuando alguien dice que puede matar a otro y no se actúa con rapidez, la sensación es que las autoridades llegaron tarde», comentó un vecino que pidió no ser identificado.
La Fiscalía informó que las investigaciones buscan ligar las amenazas denunciadas con el homicidio y que se realizarán peritajes, entrevistas y análisis de comunicaciones. Aun así, no dio a conocer plazos concretos ni medidas de protección inmediatas para Vásquez, algo que el defensor reclama por su propia seguridad y la de su equipo.
La reactivación de las denuncias también plantea preguntas sobre los mecanismos de seguimiento. Expertos consultados por este periódico señalan que los protocolos existen, pero su aplicación varía por prioridades, recursos y voluntad institucional.
Vásquez llamó a la sociedad civil y a otras organizaciones a exigir claridad y resultados: que la Fiscalía complete una investigación transparente, que se identifique a los responsables y que se implementen medidas de protección eficaces. «No pedimos privilegios, pedimos garantías para poder seguir defendiendo derechos sin pagar con la vida», afirmó.
Este caso obliga a las autoridades a mostrar que las denuncias por amenazas no son carpetas muertas. La familia del defensor y organizaciones locales esperan que la reapertura de las investigaciones sea el primer paso hacia justicia y prevención. Mientras tanto, la comunidad vive con la incertidumbre de saber si una advertencia puede anticipar otra tragedia.
