Acuerdo nacional para bosques, selvas y manglares plantea ambiciosa ruta; ¿será suficiente?
La ruta publicada en el diario oficial de la federación traza diez directrices para coordinar conservación y restauración, pero persisten dudas sobre recursos, gobernanza y consulta a comunidades.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional Forestal publicaron en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo Nacional por los Bosques, Selvas y Manglares, una guía con diez directrices para fortalecer la conservación, la restauración y el manejo sustentable de los ecosistemas forestales. El anuncio llega en un momento en que, según reportes de SEMARNAT y CONABOR, estos sistemas siguen bajo presión por la tala ilegal, el cambio de uso de suelo, incendios y proyectos productivos.
El texto del acuerdo apuesta por mayor coordinación interinstitucional, impulso a programas de restauración, protección de áreas prioritarias y un enfoque de participación social. En la práctica, esto significa intentar armonizar políticas de conservación con proyectos productivos y esquemas de apoyo a comunidades que dependen del bosque para su sustento, algo que la Comisión Nacional Forestal ha venido promoviendo en años recientes.
No obstante, especialistas y organizaciones civiles que han revisado el documento plantean reservas. Primero, la pregunta sobre el financiamiento: ¿habrá partidas presupuestales nuevas y mecanismos estables para pagos por servicios ambientales, restauración y monitoreo? Segundo, la gobernanza: sin clarificar atribuciones y sin protocolos de consulta previa, el riesgo es que los acuerdos queden en buena intención y poco cumplimiento. Y tercero, la capacidad de implementación en zonas rurales remotas, donde la presencia estatal es limitada y las comunidades indígenas y campesinas exigen respeto a sus derechos territoriales.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y de CONABIO muestran que las selvas y manglares mexicanos concentran alta biodiversidad y servicios ecosistémicos clave —protección costera, pesca, captura de carbono— pero también vulnerabilidades frente al desarrollo no regulado. Por eso el acuerdo enfatiza restauración y manejo sustentable, además de monitoreo satelital y participación local. Eso, en palabras de funcionarios de SEMARNAT, es parte de una estrategia para reducir la pérdida de cobertura forestal y aumentar la resiliencia climática.
En el terreno las respuestas son mixtas. En algunas comunidades forestales los proyectos locales de manejo comunal y certificación han mostrado resultados positivos; en otras, la ausencia de inversión y los conflictos por la tierra frenan cualquier avance. Organizaciones ambientales han pedido que el gobierno publique cronogramas, indicadores claros y mecanismos de rendición de cuentas para evaluar el progreso del acuerdo.
El Acuerdo Nacional por los Bosques, Selvas y Manglares propone una hoja de ruta necesaria. Ahora falta convertirla en acciones concretas, con recursos, transparencia y respeto a las comunidades. Si se logra, podría ayudar a recuperar paisajes y medios de vida; si no, será otro documento más. La decisión no será solo del gobierno: exigir seguimiento, participar en consultas y vigilar el uso de fondos será clave para que este pacto no se quede en promesa.
Reporta: Equipo ambiental, basado en documentos del Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional Forestal.
