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Rector de la UNAM pide reforma fiscal para lograr cobertura universitaria en 2050
Ciudad de México. — El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leonardo Lomelí Vanegas, afirmó que alcanzar la cobertura universal en la educación superior para 2050 es factible, pero condicionó ese objetivo a una política de Estado sostenida, una planeación adecuada y, sobre todo, un aumento real del gasto público destinado a la educación. La advertencia la hizo pública en una intervención reciente en la propia UNAM.
Según Lomelí, sin una reforma fiscal que aumente los recursos públicos y los distribuya con criterios de equidad, la expansión necesaria —infraestructura, profesorado, becas y mejora de calidad— será inviable. «No se trata solo de voluntad política; se necesita financiamiento estable y una estrategia que perdure más allá de sexenios», dijo el rector a funcionarios y académicos presentes.
El diagnóstico no es aislado. Organismos como la OCDE y la UNESCO han señalado que México aún tiene retos para incrementar la cobertura y reducir la desigualdad en el acceso a la educación superior, y que el gasto público en educación está por debajo del promedio de países comparables. Ese desfase se traduce en aulas saturadas, pocas oportunidades para estudiantes de zonas rurales y una oferta limitada de opciones públicas y de calidad.
Para la comunidad estudiantil y las familias, la diferencia es tangible: una política con más recursos públicos significaría más plazas, más becas y menos presión económica sobre hogares que hoy ven la universidad como una meta, pero también como un riesgo financiero. Como metáfora, Lomelí comparó la meta de 2050 con plantar un bosque: «no basta con sembrar árboles; hay que regarlos y cuidarlos por décadas».
Entre las propuestas que el rector y académicos vinculados a la UNAM han puesto sobre la mesa están una reforma fiscal progresiva que amplíe la base de recaudación, una revisión de prioridades presupuestales del Estado y mecanismos de inversión pública que garanticen fondos dedicados a la educación superior. La intención es que las decisiones sean trazables y sujetas a evaluación periódica.
No solo se trata de recursos: la planeación debe enfrentar disparidades regionales, fomentar la educación técnica y profesional en zonas con mayores necesidades y fortalecer la investigación pública. Lomelí insistió en que la educación superior también es una palanca para la movilidad social y el desarrollo productivo del país.
El anuncio abre un debate político inevitable. Una reforma fiscal sensible a la equidad implicaría mayor recaudación, posible redistribución y acuerdos legislativos. Para avanzar, sostuvo el rector de la UNAM, se requiere diálogo entre poderes, sociedad civil y comunidades universitarias, y transparencia en el destino de los recursos.
La propuesta de la UNAM plantea, entonces, una pregunta clara para la ciudadanía: ¿estamos dispuestos a financiar una educación superior que sea universal, de calidad y justa? El camino hacia 2050, coinciden académicos y organizaciones educativas, pasará por decisiones concretas hoy y por el compromiso de toda la sociedad.
Fuente: Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con referencias a informes de la OCDE y la UNESCO sobre cobertura y gasto educativo.
Contenido y material gráfico conforme a lo difundido por La Jornada
