Familias reclaman detenciones integrales seis años después de la masacre de San Mateo del Mar
San Mateo del Mar, Oaxaca. A seis años de la matanza que dejó 15 víctimas, los familiares reconocen la condena de 220 años impuesta a Inocencio Irizar, pero insisten en que eso no basta: exigen la captura de todos los demás implicados y el fin de la impunidad, reporta El Imparcial de Oaxaca.
La sentencia contra Irizar ha sido vista por las familias como un avance procesal importante, pero —dijeron— no responde a la demanda central: que se identifique, procese y detenga a quienes participaron directamente en la masacre y a quienes la encubrieron. “Una condena no devuelve a nuestros muertos ni aclara por completo lo ocurrido”, señaló un familiar que pidió mantener su nombre por seguridad.
Las víctimas y sus representantes reclaman mayor coordinación entre las autoridades estatales y federales, transparencia en las diligencias y medidas reales de protección para las familias que han denunciado amenazas y presión social tras denunciar los hechos. A su vez exigen acceso a la verdad sobre el móvil de la agresión y a la reparación integral del daño, incluyendo atención psicológica y apoyo económico para quienes quedaron en situación de vulnerabilidad.
Organizaciones sociales y defensores de derechos humanos han acompañado los reclamos y recuerdan que la justicia no solo es la prisión de un responsable, sino esclarecer la cadena de responsabilidades y aplicar sanciones a todos los involucrados. “La justicia fragmentada alimenta la sensación de impunidad”, explicaron activistas locales consultados por El Imparcial de Oaxaca.
En la comunidad, el recuerdo de la masacre sigue marcando la vida cotidiana: familias divididas, fiestas y rituales alterados, y una demanda constante de seguridad que no se ha disipado. Para muchos habitantes, la sentencia es un paso pero no la conclusión de un proceso que debe ser integral y participativo.
Las familias anunciaron que mantendrán movilizaciones y acciones legales hasta que las autoridades presenten resultados tangibles sobre los demás presuntos responsables. Exigen también mecanismos de acompañamiento institucional que les permitan vivir sin miedo y recuperar la normalidad social y económica.
El caso pone en evidencia desafíos persistentes en la región: procesos judiciales largos, deficiencias investigativas y la necesidad de políticas públicas que garanticen justicia restaurativa. Voces comunitarias, organizaciones y medios como El Imparcial de Oaxaca llaman a no bajar la atención pública sobre el caso y a que las instituciones respondan con acciones claras y urgentes.
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