Montero adelanta su salida y pone a prueba la lealtad de Jara
Aún a la espera de que la renuncia se haga oficial, la salida de Montero encendió una nueva tensión en la administración estatal. Según reportes de El Imparcial de Oaxaca, el funcionario pidió a Salomón Jara un apoyo total antes de dejar el cargo, en un gesto que algunos interpretan como exigencia y otros como intento por blindar su gestión.
La noticia llega en medio de señalamientos sobre el uso de la nómina del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, IEEPO. Las denuncias, aún por esclarecer, plantean dudas sobre procedimientos y responsabilidades en la gestión de recursos destinados a la educación.
Para la comunidad educativa, la incertidumbre no es menor. Cuando una pieza clave sale del tablero sin que haya claridad sobre el tablero que queda, maestros y padres se preguntan si programas, pagos y plazas quedarán protegidos. Es una preocupación concreta: la educación no puede ser moneda de cambio mientras se resuelven disputas políticas.
Desde el equipo de Jara no se ha emitido una postura definitiva que explique el alcance del respaldo solicitado ni las medidas para garantizar transparencia. Esa omisión aumenta la presión política y social: la rendición de cuentas y la protección del servicio público deberían ir por delante de lealtades personales.
En términos prácticos, lo urgente es que las autoridades aclaren tres puntos mínimos. Primero, confirmar si la salida de Montero será efectiva y en qué términos. Segundo, precisar si existe alguna investigación abierta sobre la nómina del IEEPO y qué instancias la llevan. Tercero, establecer mecanismos que garanticen la continuidad administrativa y la protección de los derechos laborales del magisterio.
La situación recuerda a un puente en obras: no sirve prometer que se cruzará si no se fijan sujetadores seguros. La ciudadanía necesita señales claras, auditorías accesibles y comunicación directa que explique cómo se protegerán recursos y servicios.
Organizaciones civiles y actores políticos deben presionar por transparencia y por soluciones que beneficien a la población en vez de a intereses particulares. La salida de un funcionario puede ser legítima, pero nunca al costo de dejar en riesgo la educación pública.
Mientras tanto, seguiremos atentos a las versiones oficiales y a nuevas indagatorias. Las respuestas no solo definirán responsabilidades, sino que marcarán si la administración prioriza la claridad y el bienestar colectivo por encima de los pactos internos.
Reporte basado en información de El Imparcial de Oaxaca.
Contenido y material gráfico conforme a lo difundido por El imparcialoaxaca .
