Arancel cero pone en jaque a arroceros venezolanos
Caracas.— El anuncio del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras de fijar el precio del arroz húmedo nacional en 480 dólares por tonelada, mientras que el arroz importado cotiza 100 dólares por debajo, encendió las alarmas entre productores locales que denuncian una competencia desigual. Según agricultores consultados por este periódico, la eliminación de aranceles facilita la entrada de productos industriales, principalmente desde China, que llegan más baratos y en mayor volumen.
Para los pequeños y medianos arroceros, la diferencia de 100 dólares por tonelada no es un número abstracto: es la diferencia entre cubrir costos de producción y cerrar ciclos. «Nos están dejando sin margen, no podemos competir con arroz que entra más barato y en contenedores», dice un productor del estado Portuguesa que prefirió mantener su nombre. La queja no es solo económica; impacta a comunidades rurales cuya economía depende de la siembra, el transporte y el procesamiento local.
El Ministerio defiende su política señalando la necesidad de garantizar abastecimiento y precios más bajos para los consumidores, especialmente en un contexto de escasez y presión inflacionaria. Sin embargo, representantes del sector agrícola consultados por este diario advierten que sin medidas compensatorias —como créditos blandos, apoyo técnico o compras públicas preferenciales— la medida de arancel cero actúa como un golpe directo a la producción nacional.
La situación recuerda a una embarcación que recibe agua por la borda: si no se taponean las filtraciones (apoyos y protección temporal), los productores se hunden. Los arroceros proponen alternativas concretas: aplicar salvaguardas temporales, establecer cupos de importación por calidad y origen, estimular la compra institucional de arroz nacional para programas sociales y otorgar facilidades financieras para la temporada de siembra.
Además del aspecto comercial, hay un componente social. La pérdida de rentabilidad puede traducirse en abandono de tierras, migración de mano de obra hacia ciudades y cierre de molinos regionales, lo que debilita cadenas productivas enteras. Organizaciones de agricultores y líderes locales piden diálogo con el Ministerio para revisar el esquema y buscar soluciones que no sacrifiquen a los productores.
Desde una perspectiva pragmática, las opciones pasan por combinar seguridad alimentaria con políticas que protejan la producción interna. Como señala este periódico, incorporar a productores en mecanismos de compra pública y diseñar medidas temporales para nivelar la competencia puede evitar un deterioro mayor del sector.
La decisión del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras busca reducir precios al consumidor, pero, según los afectados, su implementación sin contrapesos amenaza la supervivencia de los arroceros venezolanos. Queda en manos de las autoridades y de la sociedad encontrar un equilibrio que proteja tanto el bolsillo de las familias como el sustento de quienes siembran la tierra.
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