Irregularidades y opacidad rodean a la presa Mujer Solteca, denuncian
Una queja reciente ante la Comisión Ambiental del T-MEC puso bajo escrutinio el proyecto; El Imparcial de Oaxaca informó sobre violaciones a la ley.
En los últimos días organizaciones y comunidades locales presentaron una denuncia que, según confirmaron fuentes consultadas, fue recibida por la Comisión Ambiental del T-MEC. El Imparcial de Oaxaca dio a conocer que en el documento se señalan posibles violaciones a la ley relacionadas con la presa Mujer Solteca, ubicada en territorio oaxaqueño.
La queja apunta a falta de transparencia en la concesión de permisos, irregularidades en los procesos de consulta a poblaciones afectadas y omisiones en la evaluación de impactos ambientales y sociales. Quienes firmaron la denuncia piden que se esclarezca si las autoridades encargadas —entre ellas instancias federales y estatales responsables del agua y del medio ambiente— cumplieron con los requisitos legales y con los derechos de los pueblos y comunidades que podrían verse afectados.
Para entenderlo con un ejemplo cotidiano: cuando una obra grande avanza sin información clara, las familias que dependen del río o de la tierra quedan en la incertidumbre sobre si podrán seguir sembrando, pescar o acceder al agua. Esa sensación de estar al margen fue el centro de la denuncia, según el relato difundido por El Imparcial de Oaxaca.
La recepción del expediente por parte de la Comisión Ambiental del T-MEC abre la puerta a un escrutinio internacional sobre el cumplimiento de obligaciones ambientales y de participación ciudadana en el marco del tratado. Esto no significa que haya una sanción automática, pero sí la posibilidad de que se solicite información adicional, se recomienden medidas correctivas o se inste a las autoridades mexicanas a transparentar el proceso.
Desde una perspectiva práctica, hay cuatro asuntos clave que la denuncia señala y que la sociedad debe vigilar: la legalidad de los permisos, la veracidad y alcance de las consultas comunitarias, la calidad de los estudios ambientales y la garantía de reparación o mitigación para quienes resulten afectados. En ninguno de estos puntos cabe la respuesta quejosa de «ya se autorizó»; se requiere documentación pública y trazable.
Las autoridades locales y federales tienen la responsabilidad de aclarar dudas y mostrar pruebas. Al mismo tiempo, las comunidades deben tener acceso a la información y canales reales para participar. La transparencia no es un gesto simbólico: es la diferencia entre proyectos que reparan y proyectos que dañan.
Este caso también plantea una reflexión más amplia: cómo se equilibran la necesidad de infraestructura y el derecho de las comunidades a decidir sobre su territorio. La prensa y la ciudadanía tienen un papel activo en hacer preguntas precisas y en exigir respuestas verificables.
Por ahora, la ruta sigue en manos de la Comisión Ambiental del T-MEC, que notificó la recepción de la denuncia, y de las autoridades mexicanas que deberán responder al requerimiento. Mientras tanto, organizaciones sociales y vecinos han pedido mayor claridad y anunciaron que permanecerán vigilantes.
Seguiremos el desarrollo del asunto y, como publicó El Imparcial de Oaxaca, informaremos sobre cualquier avance en la investigación y las respuestas oficiales. Si algo muestra este caso, es que la transparencia y la justicia ambiental no son trámites: son condiciones para convivir con dignidad en los territorios afectados.
Contenido y material gráfico conforme a lo difundido por El imparcialoaxaca .
