Solicitan al T-MEC investigar presuntas irregularidades en presa Mujer Solteca
Organizaciones civiles y pobladores afirmaron que la obra pudo violar normas ambientales y de consulta; la Comisión Ambiental del T-MEC ya recibió la petición.
Una petición que señala posibles violaciones a la ley en la construcción y operación de la presa Mujer Solteca fue presentada en los últimos días ante la Comisión Ambiental del T‑MEC, que notificó la recepción del documento, según información publicada por El Imparcial de Oaxaca.
Quienes impulsan la denuncia —organizaciones civiles y representantes de comunidades cercanas— sostienen que hubo irregularidades en permisos, falta de consulta previa y riesgos para el abastecimiento de agua y los medios de vida locales. Los señalamientos incluyen temor por la afectación a tierras de cultivo, a manantiales y a la biodiversidad de la zona.
Detrás de esas preocupaciones hay rostros y economías cotidianas: agricultores que dependen de riego, familias que usan el agua para su consumo, y poblaciones que ven cambiar el paisaje que las sostiene. En términos sencillos, dicen los afectados, lo que está en juego no es solo una obra de ingeniería, sino la manera en que se respetan derechos y se reparte el agua.
La petición ante la Comisión Ambiental del T‑MEC busca que el mecanismo investigue si México cumplió sus obligaciones ambientales y de participación ciudadana en el marco del tratado. Entre las solicitudes figura la revisión de permisos, claridad sobre impactos ambientales y, de ser procedente, medidas cautelares para evitar daños mayores mientras se indaga.
Hasta el cierre de esta edición, no se había recibido una respuesta pública detallada por parte de las autoridades mexicanas responsables de concesiones y evaluación ambiental. Organizaciones entrevistadas por El Imparcial de Oaxaca han pedido transparencia y acceso a la información para que la investigación sea creíble y útil para la comunidad.
Este caso abre preguntas más amplias sobre cómo se toman decisiones que afectan recursos comunes: quién participa, quién decide, y cómo se protegen los derechos de pueblos y campesinos. La intervención del T‑MEC añade un componente internacional que podría obligar a emitir conclusiones con base en estándares reconocidos y pruebas documentales.
En lo inmediato, la ruta es clara: que las autoridades informen con datos verificables, que la Comisión Ambiental del T‑MEC analice la petición con rigor y que las comunidades tengan voz efectiva en el proceso. La ciudadanía puede seguir exigiendo transparencia y rendición de cuentas para que proyectos como este no se resuelvan a costa del bienestar local.
Fuente: El Imparcial de Oaxaca
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