Víctimas del Tren Interoceánico denunciarán ante la FGR por descarrilamiento
Acompañadas por abogados, las víctimas acudirán a la Fiscalía General de la República (FGR) para denunciar presuntas irregularidades en la llamada Línea Z del Tren Interoceánico. El colectivo de afectados acusa falta de mantenimiento, omisión en protocolos de seguridad y posibles negligencias que, dicen, derivaron en el descarrilamiento que dejó daños materiales y afectaciones a familias de la zona.
Una de las personas que resultó afectada, quien pidió mantener su nombre en reserva, relató a este medio que “la casa tembló, quedaron escombros y hay gente que perdió herramientas de trabajo”. Sus abogados anunciaron que la denuncia civil y penal incluirá solicitudes de reparación integral, investigación de responsabilidades y medidas precautorias para evitar nuevos riesgos a la población.
Los representantes legales adelantaron que pedirán a la FGR la apertura de una carpeta de investigación por posibles delitos contra la seguridad de la infraestructura y omisión de funciones. También solicitarán información a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) sobre los permisos, supervisiones y los informes técnicos previos a la operación de la Línea Z.
Fuentes consultadas por este diario explican que, además de daños a viviendas, el descarrilamiento habría interrumpido rutas de comercio local y generado pérdidas económicas para pescadores y pequeños comerciantes que dependen del tránsito por la zona. Para muchas familias, el tren prometía desarrollo; ahora piden respuestas claras sobre quién asumirá la responsabilidad y cómo se reparará el daño.
Desde la esfera oficial, hasta el cierre de esta edición no se había recibido una respuesta formal de la FGR ni de la SCT sobre la fecha en que se analizará la petición de las víctimas. En redes y asambleas comunitarias se exige transparencia en las investigaciones y que los peritajes sean públicos y realizados por expertos independientes.
Este caso pone en tensión dos discursos del proyecto: la promesa de reactivar economías regionales y la urgencia de garantizar seguridad y derechos de la población afectada. Las víctimas piden que las instituciones actúen con rapidez y que la investigación no quede en un trámite administrativo más.
La cita en la FGR está prevista para los próximos días, según confirmaron los abogados. Ahí se definirán los pasos legales y las solicitudes formales para acceder a peritajes, apoyos emergentes y, en su caso, medidas de reparación que permitan a las familias recuperar su estabilidad.
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