Abre investigación por la muerte de niña tras disparo desde helicóptero de la Guardia Estatal
La Fiscalía de Tamaulipas indaga si un proyectil aéreo, durante los bloqueos del 29 de octubre, causó la muerte de una menor de siete años; la familia y vecinos piden respuestas.
La tarde del 29 de octubre quedó marcada por el dolor en una comunidad de Tamaulipas: una niña de siete años perdió la vida en medio de los bloqueos que paralizaron vías de la zona. La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas abrió una carpeta de investigación para determinar si la bala que acabó con su vida provino de un helicóptero de la Guardia Estatal, según informó la propia Fiscalía.
Las primeras diligencias incluyen peritajes balísticos y la revisión de registros de aeronaves, explicó la autoridad. La investigación buscará establecer la trayectoria del proyectil, el tipo de arma implicada y si hubo fallas en los protocolos de uso de la fuerza. Estas pruebas serán clave para saber si se trató de un disparo accidental, de un enfrentamiento o de otro tipo de incidente.
La familia de la menor exige transparencia y claridad en el proceso. Vecinos consultados describen escenas de confusión y miedo durante los bloqueos: adultos que intentaban resguardar a niños y calles convertidas en puntos de conflicto. Para quienes vivieron esos momentos, la tragedia es la prueba de lo que ocurre cuando la seguridad y la población se cruzan sin protecciones claras.
Hasta el momento, la Guardia Estatal no ha presentado una versión pública detallada que explique el uso de aeronaves y fuego real durante las operaciones de ese día. La Fiscalía, como responsable de la investigación, deberá cotejar registros de vuelo, bitácoras y testimonios para esclarecer responsabilidades.
Organizaciones de derechos humanos y defensores locales han pedido que la indagatoria sea exhaustiva y transparente. La exigencia es que no quede en papel: pruebas científicas, acceso a los peritajes por parte de la familia y la posibilidad de observación por parte de instancias independientes para recuperar la confianza ciudadana.
Esta investigación toca un punto sensible para la comunidad: la seguridad no puede convertirse en una amenaza para la vida civil. El caso no sólo demanda sanciones en caso de comprobación de responsabilidades, sino también cambios en protocolos operativos que prioricen la protección de mujeres, niñas y niños en situaciones de conflicto urbano.
La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informó que mantendrá informada a la familia sobre el avance de las diligencias. Mientras tanto, vecinos y organizaciones piden que el seguimiento sea público y que el Gobierno estatal explique qué medidas implementará para evitar que un hecho así se repita.
En un país donde la violencia a veces se siente como una nube que cae sobre las casas, este expediente es una oportunidad para que las instituciones demuestren que protegen primero a las personas. La comunidad espera que la investigación entregue certezas y, sobre todo, justicia.
