Diez años de promesas: el IEEPO y el estancamiento de la educación oaxaqueña
El decreto de 2015 que prometía transformar la educación en Oaxaca cumple una década de reclamos y pocos cambios concretos, denuncian organizaciones magisteriales y medios locales.
Hace diez años se publicó un decreto con la intención de reformar el sistema educativo en Oaxaca. Sin embargo, según reportes de El Imparcial de Oaxaca y denuncias públicas de organizaciones magisteriales, muchas de las prácticas que se anunciaron para corregir —como la eliminación de comisionados, la transparencia en nóminas y la evaluación docente— siguen pendientes o en papel.
Docentes, madres y padres entrevistados por medios locales y representantes de la sección 22 de la CNTE señalan que persisten «comisionados»: plazas pagadas a personal que trabaja en tareas sindicales o administrativas fuera del aula, lo que, en la práctica, reduce la cantidad de maestros disponibles en las escuelas y encarece la nómina. Otro reclamo recurrente es la existencia de dobles percepciones salariales en casos donde, dicen, hay pagos por funciones solapadas. Estas prácticas, afirman, socavan la confianza en el IEEPO y en la gestión pública de la educación.
También se denuncia la ausencia de evaluaciones docentes significativas que permitan identificar necesidades reales de formación y mejorar la enseñanza en el aula. Para muchas familias, la falta de mecanismos efectivos de evaluación y seguimiento se traduce en escuelas con recursos insuficientes, maestros sobrecargados y un aprendizaje desigual para niños y jóvenes oaxaqueños.
Desde el ángulo institucional, fuentes consultadas recuerdan que las reformas y los decretos no bastan si no van acompañados de mecanismos claros de rendición de cuentas, auditorías periódicas y participación ciudadana. El cambio estructural exige supervisión continua y la voluntad política para aplicar sanciones y correcciones cuando se detecten irregularidades.
Lo que está en juego no es solo la administración de plazas o el recorte de gasto: es el derecho a una educación pública de calidad. Para que las promesas de 2015 dejen de ser letra muerta, proponen especialistas y actores sociales, es necesario abrir los procesos de nómina y comisiones, reactivar evaluaciones con garantías de transparencia y diseñar planes de mejora escolar que incluyan a comunidades y docentes.
Diez años después, la discusión sigue. Más que confrontaciones simbólicas, lo que piden las comunidades oaxaqueñas es claridad sobre cómo se gasta el dinero público en educación y acciones concretas que mejoren la enseñanza en las aulas. La batalla por una educación justa exige ahora no solo denuncias sino también vigilancia ciudadana, auditorías independientes y compromisos verificables de autoridades y sindicatos.
Como registra El Imparcial de Oaxaca, el tema no ha desaparecido de la agenda pública; queda por ver si en esta década entrante habrá finalmente medidas que transformen la realidad educativa de Oaxaca y no solo los titulares.
Contenido y material gráfico conforme a lo difundido por El imparcialoaxaca .
