Decreto de 2015 y el IEEPO: una década de promesas incumplidas
Diez años después del intento de transformar la educación en Oaxaca, docentes, madres y padres reportan que persisten comisionados, dobles sueldos y la ausencia de evaluaciones efectivas.
En 2015 el gobierno impulsó un decreto para “sanear” y transformar al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO). A una década de distancia, el balance es de estancamiento, según denuncias recogidas por El Imparcial de Oaxaca y planteadas por colectivos magisteriales y organizaciones civiles.
La promesa era clara: profesionalizar la docencia, transparentar plazas y acabar con prácticas clientelares que afectaban a la escuela pública. Lo que quedó, denuncian los actores locales, fue una serie de arreglos administrativos que favorecieron la permanencia de comisionados —maestros que reciben salario fuera de las aulas—, la duplicidad de percepciones y la falta de evaluaciones imparciales que midan el aprendizaje de niñas y niños.
Para las familias y los docentes que ven la educación a diario, esto no es un tecnicismo: significa menos maestros en las aulas, servicios administrativos que absorben recursos y falta de seguimiento a programas que deberían mejorar la enseñanza. “Las políticas públicas deben traducirse en mejores condiciones para enseñar y aprender”, dice una maestra que prefirió mantener el anonimato al hablar con este periódico.
Las instituciones involucradas —IEEPO y Secretaría de Educación Pública— han argumentado en distintas ocasiones la necesidad de conciliación social y marcos legales complejos. Sin embargo, la ausencia de auditorías públicas y la poca claridad sobre el destino de los recursos alimentan la sensación de impunidad y de reformas incompletas.
¿Qué se puede hacer ahora? Plantear soluciones concretas es urgente: auditorías ciudadanas y gubernamentales, mecanismos transparentes de asignación de plazas, regreso de quienes deben estar en el aula y procesos de evaluación formativos, no punitivos, que acompañen la mejora docente. La participación de las comunidades escolares, con padres y madres informados y empoderados, es vital para que cualquier cambio tenga sentido en la práctica.
El caso de Oaxaca recuerda que las reformas no terminan en decretos; se juzgan en el día a día de las escuelas. Como reportó El Imparcial de Oaxaca, la discusión sigue abierta: es momento de pasar de la simulación a la rendición de cuentas real y a medidas que garanticen educación de calidad para todas y todos.
Fuente: El Imparcial de Oaxaca, testimonios de docentes y organizaciones civiles.
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