Diez años después: el decreto al IEEPO que prometía cambio y se quedó en palabras
El decreto de 2015 encaminado a transformar la educación en Oaxaca cumple una década sin resolver los problemas que decía atacar; persisten comisionados, dobles sueldos y la ausencia de evaluaciones docentes, denuncian colectivos y maestros.
Hace diez años el gobierno estatal presentó un decreto que, en teoría, iba a modernizar el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y poner orden en un sistema que había sido escenario de conflicto entre autoridades y la Sección 22 del magisterio. La promesa fue clara: más transparencia, evaluación y un instituto al servicio de la educación pública.
Sin embargo, docentes, padres de familia y organizaciones civiles dicen que los cambios quedaron en el papel. Según reportes recogidos por El Imparcial de Oaxaca, los mecanismos anunciados no se consolidaron: continúan las plazas en manos de comisionados, hay casos de percepción de dobles salarios y no existe una política estable de evaluaciones docentes que garantice calidad y justicia para los maestros.
Para quienes trabajan en las escuelas, la diferencia entre una reforma y su aplicación real es como coser un parche en una prenda rota: puede tapar el agujero por un rato, pero si no se cambia la tela de fondo, el desgaste vuelve a salir. Así lo describen profesores que piden anonimato por miedo a represalias: las instrucciones cambian, pero las prácticas administrativas siguen igual.
Las consecuencias son tangibles en las aulas. La falta de evaluaciones coherentes y transparentes reduce incentivos para formación continua y dificulta la detección de necesidades reales en zonas urbanas y rurales. Las irregularidades administrativas golpean el salario y la moral del personal, y terminan repercutiendo en la atención a niñas y niños.
Las autoridades responsables del IEEPO han defendido en distintas ocasiones la necesidad de transitar con diálogo y acuerdos, pero las voces críticas sostienen que ese diálogo no debe convertirse en un pretexto para congelar las reformas. Organizaciones civiles y colectivos docentes exigen mayor claridad en las nóminas, eliminación de comisionados que no pasan por procesos abiertos y la reanudación de evaluaciones con criterios públicos.
Diez años después, la lección es clara: una reforma sin seguimiento técnico, sin participación ciudadana y sin instrumentos de rendición de cuentas tiene pocas posibilidades de transformar la realidad. Como señala El Imparcial de Oaxaca, lo urgente ahora es traducir las promesas de 2015 en acciones verificables que mejoren la educación de las comunidades oaxaqueñas.
Para avanzar se necesita voluntad política sostenida, auditorías públicas y la participación activa de madres, padres y docentes en la toma de decisiones. Si no, el decreto de 2015 seguirá siendo, para muchos, una farsa que no cambió nada.
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