Trasladan a Puente Grande a siete detenidos tras protesta por el agua
Seis son acusados de lesiones dolosas contra policías; un séptimo enfrenta cargo por resistencia a particulares, y colectivos exigen su liberación.
Guadalajara, Jalisco. Siete personas detenidas durante una protesta por el acceso al agua fueron trasladadas al penal federal de Puente Grande, informó la Fiscalía estatal, en un hecho que colectivos y usuarios califican como un golpe a la lucha social por el servicio básico.
Según reportes de El Informador y comunicados oficiales, seis de los detenidos enfrentan cargos por lesiones dolosas contra policías, mientras que la séptima persona fue acusada de resistencia a particulares. Las autoridades señalaron que el traslado respondió a la determinación judicial tras la formulación de imputación.
Los colectivos presentes en la protesta y usuarios afectados por cortes de agua exigieron la liberación inmediata de las siete personas y denunciaron un uso desproporcionado de la fuerza por parte de las corporaciones. En redes y en el lugar, familiares y simpatizantes pidieron garantía de debido proceso y que se aclare qué motivó las detenciones.
La protesta, que reclamaba una solución al suministro irregular en varias colonias, mostró la tensión entre demandas ciudadanas y respuesta institucional. Para muchas familias, el agua no es un tema abstracto: la falta del servicio complica la higiene, la alimentación y el trabajo doméstico. Colectivos entrevistados por este medio sostienen que cerrar calles o bloquear vías fue una medida —explican— para visibilizar una problemática que lleva meses sin solución.
Desde la Secretaría de Seguridad Pública se dijo que los elementos actuaron ante agresiones reportadas durante el desalojo, pero no se ofrecieron detalles públicos sobre peritajes o evidencias que respalden las imputaciones. Ese vacío alimenta la desconfianza entre quienes protestan, que piden transparencia en las investigaciones y controles independientes.
Juristas consultados por este diario recuerdan que la tipificación de «lesiones dolosas contra servidores públicos» requiere prueba de intención y conocimiento del daño; un proceso que, sostienen, debe respetar presunción de inocencia y garantizar el acceso a defensa legal. Las defensas de los detenidos aún no han presentado versiones públicas completas, según fuentes consultadas por El Informador.
Organizaciones civiles urgieron a la Fiscalía a priorizar la resolución del conflicto hídrico que originó la movilización y a abrir canales de diálogo con la comunidad afectada. Proponen mesas de trabajo que incluyan a autoridades municipales, estatales y usuarios para atender cortes, mediciones y facturación, y evitar que la protesta por el agua derive en confrontaciones que dañen a la comunidad.
En el horizonte inmediato está la audiencia de control de detención y la posible vinculación a proceso. Mientras tanto, los colectivos anunciaron movilizaciones y acciones de denuncia pública para exigir la liberación de sus compañeras y compañeros, y recordaron que la garantía del servicio de agua es una responsabilidad pública que debe resolverse con políticas claras, inversión y participación ciudadana.
Fuente: El Informador.
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