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Gobierno reporta 24 caravanas desarticuladas; Sheinbaum descarta avance hacia la frontera norte
Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó ayer que México ha desintegrado 24 caravanas migrantes en territorio nacional y que, en este momento, ninguna de esas agrupaciones avanza hacia la frontera norte. La declaración fue en respuesta a las críticas de Tom Homan, exfuncionario fronterizo de Estados Unidos, quien dijo que México debería movilizar al Ejército para frenar esos contingentes.
En conferencia, Sheinbaum aseguró que las acciones se han realizado con coordinación de la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración, y sostuvo que las caravanas se han “desarticulado” antes de que puedan desplazarse en masa hacia el norte. La presidenta enfatizó que la prioridad del gobierno es mantener el orden público y atender a las necesidades humanitarias de las personas migrantes.
Tom Homan, conocido por su postura dura en materia migratoria, insistió en redes sociales en la necesidad de un mayor uso de fuerzas armadas para detener los flujos. Su planteamiento revive un debate recurrente: ¿militarizar el control migratorio reduce la migración o expone a las personas a más riesgos? Organizaciones como Human Rights Watch y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos han advertido en el pasado que desplegar tropas contra flujos migrantes puede vulnerar derechos y aumentar riesgos para familias y solicitantes de asilo.
Fuentes oficiales, incluidas declaraciones del Instituto Nacional de Migración, señalan que las medidas recientes combinan control territorial, verificaciones y programas de atención. Sin embargo, especialistas en movilidad humana consultados por este medio alertan que hablar de “desarticulación” no es lo mismo que resolver las causas profundas: violencia, pobreza y redes de tráfico que empujan a miles a emprender el viaje.
En la práctica, estas decisiones impactan a municipios del sur y centro del país donde comunidades y autoridades locales se enfrentan a caravanas que buscan rutas seguras. Para la población local, la presencia de contingentes y los operativos generan tensiones cotidianas, desde cierres de carreteras hasta necesidades de atención médica y alimentación.
Sheinbaum planteó que México buscará mantener comunicación con Estados Unidos para coordinar flujos migratorios y proteger los derechos humanos, pero su gobierno también se enfrenta a dos retos visibles: la presión diplomática de actores como Tom Homan y las demandas de organizaciones civiles que piden controles menos militarizados y más atención humanitaria.
El contraste entre seguridad y derechos marcará la ruta de las políticas públicas en los próximos meses. La ciudadanía puede esperar que la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración informen con más datos sobre cómo se contabilizan esas 24 caravanas y qué pasa con las personas que integraban cada contingente, para evaluar resultados y responsabilidades.
Qué sigue: el gobierno deberá transparentar cifras y procedimientos; la sociedad exigir garantías de derechos; y la cooperación bilateral con Washington tendrá que equilibrar control y protección. Mientras tanto, la migración sigue siendo una realidad compleja que no se resuelve sólo con operativos.
Contenido y material gráfico conforme a lo difundido por La Jornada
