Sheinbaum promulga reforma que exige única nacionalidad para candidaturas a partir de 2028
Claudia Sheinbaum firmó este miércoles la reforma constitucional que obliga a quienes quieran postularse a cargos públicos a contar con una sola nacionalidad, según informó el Gobierno y como quedará asentado en el Diario Oficial de la Federación. La medida alcanza tanto a cargos federales como a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
En términos simples: a partir de 2028, quienes ostenten doble nacionalidad —por ejemplo mexicana y estadounidense— no podrán registrarse como candidatos. La firma de Sheinbaum pone en marcha la publicación oficial del cambio y marca el inicio del periodo en el que partidos, autoridades electorales y ciudadanos deberán ajustar procedimientos y clarificar dudas.
¿A quién afecta? Imagínalo así: si hoy eres mexicano con doble ciudadanía y pensabas competir por la jefatura de tu alcaldía o por un escaño en el Congreso, la reforma podría cerrar esa puerta salvo que renuncies a una de las dos nacionalidades antes de 2028. El impacto será particularmente sensible en comunidades con alto flujo migratorio y en políticos que han adquirido otra nacionalidad por residencia o trabajo en el extranjero.
La publicación en el Diario Oficial de la Federación es clave porque ahí estará el texto que explicará los detalles: plazos, excepciones y el procedimiento para quien necesite acreditar una sola nacionalidad. Hasta que ese texto sea público, persisten preguntas importantes: ¿habrá periodos para regularizar candidaturas ya en proceso? ¿qué pruebas exigirá la autoridad para comprobar la pérdida o renuncia de otra nacionalidad? ¿cómo afectará esto a la representación de migrantes y comunidades transnacionales?
La medida se presenta como una apuesta por la claridad jurídica y la lealtad a la República, según voces oficialistas citadas por el Gobierno. Desde una perspectiva ciudadana y de política pública, sin embargo, plantea tensiones: puede reducir la diversidad de aspirantes y provocar desafíos legales sobre derechos políticos, además de implicar costes personales para quienes deban renunciar a otra nacionalidad por motivos familiares o laborales.
Organizaciones civiles y partidos tendrán que leer el texto con lupa. Los mecanismos de verificación, la coordinación entre registros civiles y consulados, y la responsabilidad de los institutos electorales serán determinantes para que la reforma no quede en letra muerta ni genere discrecionalidad. La ciudadanía debe exigir transparencia: saber quién, cómo y en qué tiempo se verificará el cumplimiento.
Como periodista, invito a la discusión pública: si la finalidad es proteger el interés nacional, conviene preguntarse también cómo se garantiza la pluralidad y los derechos de quienes viven entre países. La reforma abre un debate sobre identidad, pertenencia y representación en un México cada vez más conectado con el mundo.
Estaremos atentos a la publicación en el Diario Oficial de la Federación para explicar, punto por punto, las implicaciones prácticas de la reforma y las respuestas de partidos, institutos electorales y organizaciones comunitarias.
Reporta desde la Ciudad de México para este medio.
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