Presidencia se distancia por fallo de «El Mayo»; FGR encabezará recuperación de 15 mil millones de dólares
La Fiscalía analiza cómo recuperar parte de los activos decomisados; la presidenta cuestionó la versión estadounidense sobre la captura de Ismael «El Mayo» Zambada.
La Presidencia de la República, a nombre de la presidenta Claudia Sheinbaum, se deslindó de la disputa legal abierta tras el fallo relacionado con Ismael «El Mayo» Zambada y dejó en manos de la Fiscalía General de la República (FGR) la conducción del litigio sobre los bienes asegurados, informaron fuentes oficiales.
De acuerdo con la FGR, el equipo jurídico evaluará la posibilidad de recuperar parte de los 15 mil millones de dólares que se reportaron como decomisados en distintos procedimientos internacionales y nacionales. La dependencia deberá determinar qué bienes son susceptibles de repatriación, qué mecanismos legales aplicar y los tiempos estimados para cada paso.
La presidenta Sheinbaum, según un comunicado de la Presidencia, volvió a poner en duda la narrativa de las autoridades de Estados Unidos sobre la captura del líder del Cártel de Sinaloa. La mandataria pidió transparencia y documentación que respalde la versión estadounidense antes de asumir conclusiones definitivas.
Este desplazamiento de responsabilidades sigue la lógica institucional: la Presidencia evita involucrarse directamente en litigios judiciales y deja a la FGR la responsabilidad técnica y legal. En la práctica, significa que serán los fiscales quienes negocien, presenten demandas o sigan acuerdos internacionales para intentar recuperar activos.
Para la ciudadanía, esto tiene implicaciones concretas. Si la FGR logra repatriar recursos, esos fondos podrían destinarse a programas sociales, seguridad o reparación del daño a comunidades afectadas por el crimen organizado, explicaron fuentes de la Fiscalía. Sin embargo, el proceso es complejo, enfrenta recursos legales de defensa y revisiones en tribunales nacionales e internacionales.
Expertos consultados por la FGR y la Presidencia advierten que la recuperación de montos millonarios no es automática. Requiere pruebas de origen ilícito, acuerdos de cooperación judicial internacional y a menudo años de litigio. Además, existe la necesidad de transparencia para evitar que estos procesos se perciban como opacos o politiqueros.
El caso vuelve a poner en el centro dos preguntas que interesan a la sociedad: qué tan efectivos son los mecanismos contra el lavado de dinero y cómo se traduce la recuperación de activos en beneficio tangible para las comunidades. La FGR, dijo la institución, reportará avances periódicos y mantendrá comunicación con la Presidencia en lo que se refiere a estrategia y resultados.
Mientras tanto, la Presidencia insistió en exigir claridad a las autoridades estadounidenses sobre los detalles de la captura de «El Mayo» y aseguró que México actuará conforme a derecho. La FGR, por su parte, inicia hoy el análisis jurídico que definirá si inicia reclamaciones formales o si opta por acuerdos que permitan la repatriación parcial de los bienes.
En este episodio confluyen justicia, diplomacia y expectativas públicas. La recuperación de recursos millonarios puede ser una herramienta para la reconstrucción social, pero dependerá del rigor legal y de la transparencia con la que se actúe, concluyeron fuentes de la Fiscalía General de la República y de la Presidencia.
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