Sheinbaum exige a plataformas medidas urgentes para proteger a menores
Las empresas tienen 30 días para adaptar sus sistemas; el gobierno supervisará el cumplimiento y podrá impulsar sanciones, según la Presidencia de la República.
El gobierno federal emitió un decreto que obliga a las plataformas digitales a reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes en internet. Según la Presidencia de la República, las empresas tendrán un mes para ajustar sus sistemas y procesos a las nuevas obligaciones, mientras que las autoridades vigilarán que se cumplan y evaluarán sanciones en caso de incumplimiento.
El texto, difundido por la Presidencia, ordena medidas como controles más estrictos para verificar la edad de los usuarios, opciones claras de privacidad para menores, límites en la personalización de anuncios dirigidos a menores y mecanismos ágiles para reportar y retirar contenido dañino. También exige informes periódicos sobre las acciones tomadas y protocolos para coordinar con autoridades y organizaciones civiles en casos de riesgo.
Para familias y docentes el cambio puede sentirse inmediato: menos contenidos peligrosos en los muros y cuentas con configuraciones por defecto más seguras. Para las empresas esto implica trabajo técnico y legal en poco tiempo, desde revisar algoritmos hasta ajustar políticas de publicidad. Fuentes consultadas en la Presidencia destacan que el objetivo es reducir riesgos como el acoso, la explotación y la exposición temprana a contenidos inapropiados.
Organizaciones de protección infantil y especialistas consultados por este periódico celebraron el paso, pero advirtieron desafíos. Representantes de UNICEF México han señalado que la implementación práctica y la fiscalización serán clave; sin recursos y claridad, las buenas intenciones no bastan. Expertos en derechos digitales coinciden en que verificar edad sin violar la privacidad es técnicamente complejo y requiere estándares claros.
El decreto abre también un debate público sobre responsabilidades: ¿qué tanto pueden regularse los contenidos sin afectar la libertad de expresión? ¿Quién tendrá la última palabra si una plataforma y una familia discrepan sobre la adecuación de un contenido? Desde la Presidencia se señala que la medida se enmarca en la protección de derechos reconocidos en la legislación vigente y que cualquier controversia podrá dirimirse con los cauces legales correspondientes.
En la práctica, la norma funciona como un cronómetro: 30 días para adaptar sistemas y demostrar cumplimiento. Si las plataformas no responden, el gobierno advierte que promoverá sanciones administrativas y medidas correctivas. Para la ciudadanía, la recomendación es informarse sobre las nuevas herramientas familiares que las plataformas deberán ofrecer, revisar configuraciones y reportar fallas a las autoridades competentes.
Este cambio es un paso visible en la política pública hacia una internet más segura para menores, pero su éxito dependerá de la fiscalización, la cooperación de las empresas y la participación de padres, escuelas y organizaciones civiles. La Presidencia de la República presenta el decreto como un arranque; de aquí en adelante toca medir los resultados.
Fuente: Presidencia de la República
Contenido y material gráfico conforme a lo difundido por Aristegui Noticias .
