Harfuch reporta 70,500 aprehensiones en dos años; familiares y especialistas exigen ver resultados
Por un periodista joven
El titular de seguridad, Omar García Harfuch, presentó este jueves un balance en el que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana atribuye a las operaciones federales la captura de 70,500 personas en 24 meses. Según el informe oficial, entre esas detenciones se cuentan 2,170 presuntos extorsionadores y el desmantelamiento de redes internacionales y células dedicadas al secuestro.
Las cifras, que el gobierno exhibe como un avance en la lucha contra la delincuencia organizada, provocaron reacciones encontradas. Vecinos de zonas con mayor presencia policial celebraron la reducción de patrullajes nocturnos y la sensación de mayor seguridad en el espacio público. “Antes salía con miedo, ahora camino con más confianza”, dijo una mujer que pidió no publicar su nombre.
No obstante, organizaciones civiles y expertos en seguridad piden poner números en contexto. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó sobre detenciones, pero no todas las capturas se traducen en procesos judiciales y sentencias. Defensores de derechos humanos recuerdan que la eficacia se mide también por la investigación, la judicialización efectiva y el respeto al debido proceso.
Especialistas consultados señalan que una gráfica de detenciones es solo una pieza del rompecabezas: “Si no hay seguimiento de la Fiscalía General de la República y de las procuradurías locales, muchas capturas quedan en carpetas sin avanzar”, explica un investigador en materia de justicia penal.
Además, persisten retos de fondo. La disuasión policial no sustituye inversiones en prevención: educación, empleo y programas sociales que reduzcan el reclutamiento de jóvenes por parte de grupos criminales. En municipios afectados por extorsión y secuestro piden atención integral: protección a víctimas, acceso a la justicia y transparencia en el destino de los recursos que acompañan los operativos.
La administración también reportó el desmantelamiento de “redes internacionales”, sin detallar países involucrados ni el tipo de coordinación que siguió la autoridad federal. Esa opacidad alimenta dudas sobre la profundidad de las investigaciones y sobre cuántas de esas detenciones derivarán en sentencias firmes.
Hacia adelante, la exigencia ciudadana es clara: las cifras deben acompañarse de resultados verificables. Mayor colaboración entre la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de la República, rendición de cuentas y programas comunitarios son pasos que, según expertos, podrían convertir las detenciones en seguridad sustentable para las familias.
Fuente: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
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