Oaxaca, Oax.- Los señalamientos no son nuevos ni surgieron al calor de la reciente crisis de seguridad en el Istmo. Desde febrero de 2019, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) había documentado información de inteligencia sobre presuntos vínculos de Emilio Montero Pérez, exdirector del IEEPO, y del hoy senador de Morena Antonino Morales Toledo con actividades relacionadas con el robo de hidrocarburos en Oaxaca.
Una investigación publicada este sábado por la revista Proceso, basada en archivos internos de la Sedena obtenidos por el colectivo Guacamaya, revela que el Ejército tenía bajo la lupa desde hace más de siete años a personajes que, lejos de quedar marginados de la vida pública, continuaron escalando posiciones dentro de la estructura política de Morena en Oaxaca.
De acuerdo con la investigación de Proceso, un documento elaborado por la Sedena en febrero de 2019 señalaba que Emilio Montero Pérez —quien se encaminaba entonces a asumir la presidencia municipal de Juchitán de Zaragoza— mantenía presuntos vínculos con una organización dedicada al robo de hidrocarburos en la zona de San Blas Atempa.
En aquellos años, San Blas Atempa era gobernado por Antonino Morales Toledo, hoy senador de la República por Morena.
Los archivos militares también contienen señalamientos sobre Morales Toledo. Pese a ello, su carrera política no se detuvo: posteriormente se convirtió en secretario de Administración del gobierno de Salomón Jara Cruz y en 2024 llegó al Senado de la República.
Actualmente, además, preside la Comisión Especial de Seguimiento e Impulso al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, una de las regiones estratégicas para el desarrollo económico y logístico del país.
Las alertas estaban encendidas
El caso adquiere una dimensión política mayor porque los señalamientos de inteligencia no quedaron limitados a un episodio aislado.
Según la información publicada por Proceso, en 2020 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló cuentas relacionadas con Antonino Morales Toledo dentro de la operación denominada “Agave Azul”, una investigación que alcanzó a mil 939 personas señaladas entonces como presuntos operadores relacionados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
A pesar de esos antecedentes, Morales Toledo mantuvo su ascenso dentro del grupo político gobernante en Oaxaca.
Otro nombre aparece en esta trama: José Antonio López Ríos, quien fue secretario particular de Morales Toledo en el Senado y fue detenido en posesión de 500 mil pesos en efectivo y presunta gasolina robada, según información periodística citada en la investigación.
Después de aquel episodio, López Ríos terminó como asesor de la Secretaría de Administración del Gobierno de Oaxaca.
Montero llegó hasta la dirección del IEEPO
El caso de Emilio Montero resulta igualmente incómodo para el gobierno estatal.
Los documentos militares sobre sus presuntas relaciones con actividades ilícitas existían desde 2019. Sin embargo, Montero continuó su trayectoria política hasta que el gobernador Salomón Jara Cruz lo colocó al frente del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), una de las dependencias con mayor presupuesto y peso político de la administración estatal.
Montero renunció al cargo apenas el pasado 25 de septiembre, dos días después de la detención del presidente municipal de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano.
La Fiscalía de Oaxaca acusa a Sánchez Altamirano de estar relacionado con un grupo asociado al CJNG que opera en el Istmo de Tehuantepec.
Un día después también fue detenido John Kenny Moreno Segura, excomisionado de la Policía Municipal de Juchitán, por su presunta vinculación con esa misma organización.
Hay además un elemento político que conecta a varios de los personajes: tanto Emilio Montero como Miguel Sánchez Altamirano forman parte del Frente Único de Comunidades Oaxaqueñas (FUCO), organización fundada por Antonino Morales Toledo.
Los nombres que aparecen en los archivos militares
La investigación de Proceso señala que los documentos de inteligencia de la Sedena identificaban también a organizaciones que operaban en el Istmo, entre ellas “Los Coyunda”, “Los Chehuis” y “Los Terán”.
Un reporte militar de junio de 2022 identificó a Juan Carlos Terán de la Cruz, “El Cejas”, como presunto líder de “Los Terán”.
La relación adquiere relevancia porque Terán de la Cruz mantuvo públicamente cercanía con Antonino Morales.
En septiembre de 2025, el propio senador difundió fotografías de una reunión con Juan Carlos Terán en el Senado de la República y lo presentó públicamente como su amigo.
La pregunta que ahora debe responder el gobierno
La revelación abre una interrogante que va mucho más allá de Emilio Montero y Antonino Morales: si la Sedena disponía desde 2019 de información de inteligencia sobre estos presuntos vínculos, ¿qué sabían las autoridades políticas de Oaxaca y desde cuándo lo sabían?
Porque durante los años posteriores a aquellos informes no hubo aislamiento político.
Hubo cargos.
Hubo nombramientos.
Hubo poder.
Emilio Montero terminó dirigiendo el IEEPO. Antonino Morales pasó por la Secretaría de Administración del Gobierno de Oaxaca y después llegó al Senado de la República.
Los documentos revelados por Proceso no constituyen por sí mismos una sentencia ni acreditan responsabilidad penal de los personajes mencionados. Pero sí muestran que las alertas de inteligencia existían desde hace años.
Y mientras esas alertas permanecían en los archivos militares, varios de los señalados continuaron avanzando dentro de la estructura política que actualmente gobierna Oaxaca.
Ahora corresponde a las autoridades explicar por qué.
