Organizaciones piden a la Corte garantizar atención y presupuesto para personas desplazadas
El Consejo Nacional de Litigio Estratégico exige a la Suprema Corte que no avale un proyecto que, dicen, dejaría sin protección efectiva a quienes han tenido que abandonar sus hogares.
Un grupo de organizaciones civiles, encabezado por el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no apruebe un proyecto que —según su análisis— reduciría las obligaciones del Estado frente a las personas desplazadas internas. En un comunicado, el Consejo reclamó la creación de una institución responsable y un presupuesto específico para atender a quienes han perdido su casa, su trabajo o su comunidad por violencia o despojo.
Detrás de los términos jurídicos hay vidas concretas: familias que salen de madrugada con lo mínimo, niños que dejan la escuela, enfermos que pierden el acceso a medicinas. Si el fallo que circula en la Corte se interpreta como quieren las organizaciones, advierten, muchas de esas personas quedarían sin mecanismos claros de protección, sin registros oficiales y sin recursos destinados a su atención.
La petición al máximo tribunal no es solo reclamo. Es una advertencia práctica: las decisiones de la Corte pueden marcar si el Estado tiene la obligación de crear programas, albergues, registros y rutas de reparación. Por eso el Consejo Nacional de Litigio Estratégico pide que, antes de emitir una resolución, la Corte considere la necesidad de una institución pública con mandato explícito y un presupuesto que garantice acceso a vivienda, salud, educación y medidas de seguridad para las personas desplazadas.
Expertos y colectivos recuerdan que México no es ajeno al fenómeno del desplazamiento interno. Aunque las cifras oficiales son incompletas, organizaciones civiles han documentado miles de familias que se han visto forzadas a moverse en estados como Guerrero, Michoacán y Chihuahua. Sin una política pública dedicada y recursos claros, la respuesta queda a discreción de autoridades locales y programas temporales que no resuelven la raíz del problema.
La demanda también apunta a la transparencia: la creación de un registro público de desplazados permitiría identificar necesidades, distribuir ayuda y diseñar políticas con información confiable. Sin ello, advierten, los apoyos se dispersan y las personas quedan en la incertidumbre.
La Suprema Corte, como guardiana de los derechos, enfrenta ahora una decisión que las organizaciones califican de definitoria. Rechazar el proyecto o, en su caso, exigir que la protección incluya la obligación de crear una institución y presupuesto específicos sería, según el Consejo, un paso hacia mayor certeza para miles de personas.
El llamado es también político y ciudadano: las organizaciones piden a legisladores y autoridades a nivel federal y local actuar con rapidez para diseñar un marco institucional sólido. Para las personas desplazadas, subrayan, no hay tiempo que perder.
Fuente: Consejo Nacional de Litigio Estratégico.
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