Bajo la actual integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que destaca la participación del jurista oaxaqueño Hugo Aguilar, el máximo tribunal del país ha resuelto 7 mil 326 asuntos en apenas ocho meses de trabajo jurisdiccional.

Desde su Primera Sesión Ordinaria, celebrada el 11 de septiembre de 2025, la Corte reportó la resolución de mil 330 casos en sesiones del Pleno y 5 mil 996 mediante dictamen, lo que representa un promedio mensual de 915 asuntos atendidos.

La SCJN informó que esta cifra significa un incremento superior al 200 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se resolvieron 2 mil 558 asuntos. El Alto Tribunal señaló que estos resultados reflejan “una transformación sustantiva en la capacidad resolutiva” y un esfuerzo permanente para reducir el rezago y ofrecer una justicia más rápida y accesible.

Uno de los avances más relevantes ha sido la disminución de expedientes heredados. De los mil 417 asuntos considerados rezago, actualmente sólo quedan pendientes 66 casos, lo que evidencia una reducción significativa de cargas históricas.

En este nuevo modelo de trabajo también sobresale la atención anticipada de asuntos relacionados con leyes de ingresos municipales de distintas entidades. Antes, este tipo de casos se resolvía al cierre del año o incluso después, reduciendo su impacto práctico para la ciudadanía. Ahora, la Corte busca resolverlos con mayor oportunidad para fortalecer la certeza jurídica y garantizar efectos más eficaces para las personas.

Además de las resoluciones jurisdiccionales, la SCJN ha atendido 12 mil 153 solicitudes ciudadanas, entre ellas peticiones de personas privadas de la libertad, remisiones al Instituto de la Defensoría Pública y diversos mecanismos de orientación y atención.

La Corte también destacó la emisión de 92 criterios correspondientes a la Duodécima Época, titulada “De la Justicia Pluricultural, la Igualdad Sustantiva y la Inclusión en México”. Por primera vez, el Semanario Judicial de la Federación incorpora un apartado dedicado a resoluciones emitidas por autoridades de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, fortaleciendo así el reconocimiento de la pluralidad jurídica en el país.