Rocha presiona para sacar a García Harfuch tras el ataque a diputados, según fuentes

En privado, el mandatario incrementa las críticas al secretario y habla del atentado como un golpe dirigido a Harfuch. Crece la tensión tras la aparición de Labastida.

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, habría intensificado en círculos oficiales la presión para remover a Omar García Harfuch del esquema de seguridad en la entidad, luego del atentado contra un grupo de diputados federales que conmocionó a la región, según reportes de Milenio y El Universal.

Fuentes cercanas al gobierno estatal consultadas por esos medios indican que, en reuniones privadas, Rocha ha minimizado la versión de un hecho aislado y lo ha calificado como un embate directo a la figura de García Harfuch, lo que refuerza su intención política de poner en tela de juicio la permanencia del secretario en las tareas locales.

La aparición pública de Labastida —un personaje que, según reportes, reapareció en la escena política local— avivó la tensión entre grupos afines al gobernador y las autoridades federales. Fuentes de Noroeste y del propio gabinete señalan que la pugna no es solo por responsabilidades operativas, sino por el control político de las estrategias de seguridad en Sinaloa.

Este cruce tiene impacto concreto en la vida cotidiana: más preocupación entre vecinos, retrasos en operaciones coordinadas y un riesgo de vacíos de mando que pueden traducirse en menos vigilancia en zonas críticas. Organizaciones ciudadanas y líderes locales consultados por Milenio han pedido transparencia en las investigaciones y que cualquier decisión se base en resultados comprobables, no en revanchas políticas.

Desde la administración estatal defienden que la exigencia de cuentas es legítima; desde la federación recuerdan que la seguridad pública debe regirse por protocolos y evidencia operativa. El reto, dicen analistas citados por El Universal, es que el conflicto no desvíe recursos ni diluya responsabilidades en un momento en el que la ciudadanía exige soluciones concretas.

Para avanzar se requieren dos pasos claros: investigar a fondo el atentado con resultados públicos y garantizar que cualquier cambio de mando no deje desprotegadas las rutas y comunidades más vulnerables. Habitantes de Culiacán y otros municipios esperan respuesta y no simulaciones. Aquí, la política no puede valer más que la seguridad de la gente.

Este diario seguirá documentando las versiones de ambas partes y solicitará a Rocha y a la Secretaría correspondiente una postura pública que aclare la situación y precise responsabilidades.

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