Sangre y reclamos en penal de Jojutla: 14 lesionados y familiares exigen salida del director
Jojutla, Morelos. Una pelea entre internos en el penal de Jojutla dejó, según familiares de los reos, 14 personas lesionadas y encendió una nueva ola de denuncias por presuntos abusos de poder y cobros dentro del centro penitenciario.
Familiares de internos, quienes hablaron con este medio, aseguraron que la riña fue la consecuencia de tensiones internas y de prácticas que, dijeron, se han normalizado en el penal: cobros a los internos para evitar agresiones, favoritismos y faltas de control por parte de la dirección. “Mi hermano llamó asustado; nos dijo que varios estaban golpeados y que no había orden”, contó una mujer que pidió mantener su nombre por seguridad.
Los heridos presentan lesiones de diversa gravedad, según el propio relato de los familiares. Hasta ahora no hay un parte médico público que detalle su estado, y los allegados exigieron a la gobernadora Margarita González Saravia intervenir de inmediato y destituir al director de la cárcel.
Desde la perspectiva institucional, las autoridades penitenciarias y la Secretaría de Gobierno de Morelos deben dar respuesta clara y rápida: confirmar el número de lesionados, explicar las causas de la pelea, y detallar las medidas de control que se aplicarán. La exigencia de los familiares no es sólo por castigo hacia responsables, sino por cambios estructurales que garanticen seguridad y respeto a los derechos.
Este episodio vuelve a poner sobre la mesa problemas recurrentes en prisiones: hacinamiento, control interno débil y redes de extorsión que operan dentro y fuera de las celdas. Resolverlos exige más que cambios de personas; se necesitan protocolos claros, supervisión externa y programas que reduzcan la violencia y ofrezcan alternativas para la reinserción.
Organizaciones de derechos humanos y colectivos de familiares han señalado en otras ocasiones la necesidad de auditorías independientes en penales. En este caso, los familiares consultados por este diario pidieron además acceso a la investigación y protección para quienes denuncian.
En las próximas horas, es indispensable que la oficina de la gobernadora Margarita González Saravia y la autoridad penitenciaria informen con transparencia y expliquen las medidas concretas para atender a las víctimas y prevenir nuevos episodios. La sociedad tiene derecho a saber qué ocurre tras los muros y cómo se protege la vida y la dignidad de las personas privadas de su libertad.
Fuente: familiares de internos y testimonios recopilados por este medio.
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