Revocación en Oaxaca: lo que costó y las preguntas que quedan

Por Raúl Nathán Pérez

La revocación de mandato impulsada por el gobernador Salomón Jara prometía ser un ejercicio de rendición de cuentas. Para muchos, se convirtió en una réplica costosa de la consulta nacional de 2022, con efectos más simbólicos que prácticos. Como señaló Raúl Nathán Pérez en El Imparcial de Oaxaca, el procedimiento estuvo marcado por el desgaste político y una factura económica difícil de justificar.

En calles y mercados de la capital y de comunidades apartadas se escuchó la misma queja: poca información útil, procesos que confundieron más que aclararon y una sensación de que el debate se centró en la legitimidad política más que en la evaluación de políticas públicas. Observadores y actores locales coincidieron en que la convocatoria no logró traducirse en participación ciudadana sólida ni en propuestas concretas para mejorar servicios.

Entre los daños que deja la revocación están el gasto público en logística y comunicación, la polarización reforzada entre simpatizantes y críticos, y el desgaste institucional que sufren los órganos electorales locales al enfrentar consultas sucesivas. Además, para muchos habitantes la prioridad sigue siendo otra: seguridad, salud, empleo y obra pública que impacte en lo cotidiano.

¿Qué lecciones se pueden abrir paso a partir de este episodio? Primero, que la consulta pública necesita objetivos claros y medibles. No basta con una mecánica de legitimación si no se vincula a compromisos verificables. Segundo, la educación cívica y la información clara son indispensables: la gente debe entender qué se vota, por qué y qué efectos tendrá. Tercero, la transparencia en el gasto y en la organización debe ser prioridad para recuperar la confianza.

La conversación sobre revocación puede servir para fortalecer la democracia si se asume con responsabilidad: diseñando consultas con costos razonables, plazos adecuados y mecanismos para que los resultados deriven en acciones concretas. También es momento de preguntarse si los recursos destinados a este tipo de ejercicios no estarían mejor empleados en programas sociales con impacto directo.

En ese sentido, organizaciones civiles, universidades y medios como El Imparcial de Oaxaca pueden jugar un papel activo para exigir rendición de cuentas y proponer marcos de evaluación. La política local necesita más instrumentos que enfrenten problemas reales y menos rituales de legitimación que terminan por alejar a la ciudadanía.

Si la revocación dejó algo útil, es la oportunidad de revisar el diseño institucional y priorizar la participación informada. De lo contrario, correremos el riesgo de repetir el mismo ciclo: consultas costosas, baja participación y promesas que no se traducen en cambios palpables para la gente.

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