Fiscalía señala montaje de ‘plagio’ en Tenancingo para ocultar 40 millones
Denuncian que la supuesta copia de documentos habría sido usada para justificar faltantes en la cuenta pública; la alcaldesa, de Morena, niega irregularidades
La Fiscalía, según reportes de El Imparcial de Oaxaca, investiga a la alcaldesa de Tenancingo por presuntamente simular un caso de plagio en expedientes municipales para encubrir un faltante de alrededor de 40 millones de pesos. La acusación sostiene que el montaje sirvió para argumentar la invalidez de contratos y justificar la ausencia de recursos en las cuentas públicas.
La carpeta de investigación, de acuerdo con fuentes ministeriales citadas por el medio, incluye análisis periciales de documentos y declaraciones de funcionarios municipales. La Fiscalía busca determinar si hubo responsabilidad penal y administrativa, y si los recursos desviados afectaron obras, servicios o nóminas en el municipio.
La alcaldesa, militante de Morena, ha rechazado las imputaciones y atribuye las señalamientos a un conflicto político interno, según versiones públicas. El partido aún no ha emitido un posicionamiento detallado que aclare si solicitará auditoría externa o apoyará medidas de transparencia.
Para la gente de Tenancingo, 40 millones representan más que una cifra: son escuelas que pueden quedar sin mantenimiento, clínicas con insumos limitados y proyectos comunitarios detenidos. En municipios pequeños, la pérdida de esos recursos se nota en el día a día, desde el pavimento de calles hasta el pago a proveedores locales.
Especialistas en finanzas públicas consultados por este diario señalan que el mecanismo que se denuncia —usar irregularidades documentales para justificar faltantes— no es nuevo y exige controles más estrictos: auditorías permanentes, conciliación de cuentas y rendición de cuentas accesible para la ciudadanía.
La investigación promete capital político y judicial. Si la Fiscalía confirma desvíos, los pasos siguientes podrían incluir órdenes de aprehensión, inhabilitaciones y demandas de resarcimiento. Si no hay pruebas, el caso quedará marcado por sospechas y polarización local.
Mientras tanto, vecinos y liderazgos sociales piden claridad. «Queremos saber a dónde fue el dinero y que se repare el daño», dijo una vecina que pidió no ser identificada. Organizaciones civiles pro transparencia han exigido que la revisión sea pública y que cualquier auditoría sea independiente.
Este caso plantea preguntas concretas: cómo protege el marco legal a las comunidades cuando hay gestión deficiente, qué herramientas tiene la ciudadanía para vigilar sus presupuestos y cómo actúan los partidos frente a acusaciones graves entre sus filas.
Las autoridades municipales tienen la obligación de ofrecer cuentas claras. La Fiscalía, por su parte, deberá aportar pruebas sólidas. La ciudadanía de Tenancingo espera respuestas y que la investigación, reportada por El Imparcial de Oaxaca, no quede solo en titulares sino en medidas claras para recuperar recursos y mejorar la gestión local.
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