Luz hasta el último hogar: 45 mil obras y 21 mil 377 millones para electrificar México
El gobierno federal presentó el Programa de Justicia Energética, una apuesta para llevar electricidad a casi todos los rincones del país mediante más de 45 mil obras y una inversión de 21 mil 377 millones de pesos, con la meta de alcanzar una cobertura del 99.99 por ciento para 2028, informó la Presidencia de la República.
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el plan combina la construcción de redes, obras de ampliación y puntos de atención en zonas rurales y urbanas marginadas. Según la Secretaría de Energía (SENER) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la iniciativa priorizará comunidades sin servicio o con conexiones precarias, así como lugares donde la falta de electricidad limita la educación, la salud y la actividad productiva local.
Para entenderlo en términos sencillos: es como tender una red de caminos para que llegue el transporte básico a pueblos aislados. Donde hoy muchas familias dependen de velas, lámparas de keroseno o cables improvisados, el programa promete iluminación estable que permite estudiar por las noches, refrigerar alimentos y medicinas, y encender talleres pequeños que generan ingresos.
Desde la perspectiva técnica y administrativa, el proyecto incluye tres grandes retos. Primero, la logística: llevar materiales y equipos a comunidades serranas o con acceso difícil implica costos y tiempos mayores. Segundo, la sostenibilidad: no basta con instalar líneas, se necesita mantenimiento y esquemas de pago y atención que eviten el abandono. Tercero, la seguridad y la legalidad: la CFE ha señalado históricamente pérdidas por robo de energía y daños a la infraestructura, asuntos que deben atenderse para proteger la inversión.
El plan contempla cronogramas por estado y metas anuales; la SENER deberá publicar indicadores de avance y la Auditoría Superior de la Federación puede revisar el uso de los recursos para garantizar transparencia. La Presidencia señaló que habrá coordinación con gobiernos estatales y municipios, y con organizaciones comunitarias para respetar procesos de consulta en pueblos indígenas.
En materia de impacto social, especialistas consultados por este medio recuerdan que la electrificación transforma cotidianidades: reduce la carga de trabajo doméstico, mejora el rendimiento escolar y facilita la atención en clínicas rurales. Sin embargo, advierten que el éxito dependerá de la calidad de las instalaciones, de la capacitación para su uso y de esquemas de operación que sostengan el servicio a largo plazo.
En los hechos, el programa ya plantea decisiones concretas: priorizar zonas sin servicio, integrar energía distribuida donde convenga y coordinar contrataciones públicas para evitar cuellos de botella. Organizaciones civiles y actores locales deberán participar en la vigilancia y en la definición de prioridades para que las obras respondan a las necesidades reales y no solo a listados administrativos.
El desafío es grande, pero también lo es el potencial: alcanzar una electrificación casi universal significa cerrar brechas de desigualdad que durante décadas han limitado oportunidades en salud, educación y economía local. Para que esa promesa se cumpla, será determinante la transparencia en el gasto, la participación ciudadana y la coordinación entre la Presidencia, la SENER, la CFE y las comunidades afectadas.
La pregunta que queda para las próximas semanas es quién y cómo vigilará que las 45 mil obras realmente lleven luz útil y duradera a cada rincón del país. La ciudadanía puede exigir cronogramas claros y reportes públicos de avance; esa vigilancia será tan importante como la propia inversión.
Fuentes: Presidencia de la República, Secretaría de Energía (SENER) y Comisión Federal de Electricidad (CFE).
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