Vicefiscal de sinaloa pide licencia tras acusación en estados unidos por vínculos con los chapitos
Por un joven periodista desde Culiacán
El vicefiscal de Sinaloa, Dámaso Castro, solicitó licencia temporal a su cargo luego de que autoridades de Estados Unidos presentaron una acusación en su contra por supuestos vínculos con la facción conocida como “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, informaron fuentes oficiales.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la imputación señala que existirían relaciones y actos vinculados con esa organización criminal. Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa confirmó que Castro pidió separarse temporalmente mientras se aclaran los hechos y se realizan las investigaciones correspondientes.
La noticia cae como un sacudón en una entidad que sigue lidiando con violencia e impunidad. Para la ciudadanía, la remoción temporal de alguien en un puesto clave representa, por un lado, un paso hacia la aclaración; por otro, reaviva la desconfianza sobre la capacidad de las instituciones para garantizar seguridad y justicia.
¿Qué significa esto en lo concreto para la gente? Primero, posibles retrasos o cambios en investigaciones locales que estaban en curso bajo la dirección del vicefiscal. Segundo, mayor atención y escrutinio público sobre cómo se manejan las relaciones entre autoridades y comunidades afectadas por la violencia. Y tercero, presión para que instancias federales y estatales actúen con rapidez y transparencia.
Expertos consultados por medios nacionales han señalado que estos casos suelen desencadenar procesos largos: cotejo de pruebas entre jurisdicciones, solicitudes de cooperación internacional y, en su caso, procedimientos internos de responsabilidad administrativa. La Fiscalía estatal dijo que colaborará con las autoridades federales y con cualquier requerimiento internacional, según el comunicado citado por la propia Fiscalía.
La sospecha sobre vínculos entre funcionarios y cárteles no es nueva en México, pero cada caso renueva la urgencia de fortalecer controles, mecanismos de transparencia y protección para las investigaciones independientes. Organizaciones civiles y colectivos locales, con quienes hablamos en reportajes recientes, piden que las investigaciones no queden en actos formales y que haya resultados verificables.
En este punto, corresponderá a la Fiscalía General de la República y a las autoridades estadunidenses coordinar, si procede, la documentación y las pruebas. La coordinación internacional suele ser clave cuando las acusaciones incluyen operaciones transfronterizas, decomisos o testimonio de imputados bajo colaboración.
Mientras tanto, en la vida diaria de la gente en Sinaloa permanecen preocupaciones concretas: la seguridad en calles y mercados, la garantía de un acceso justo a la justicia y la exigencia de que los recursos públicos sirvan a políticas de prevención del delito, educación y bienestar social. Esos son los frentes que, desde la sociedad civil y las autoridades locales, se necesitan fortalecer para no dejar el espacio público a la arbitrariedad.
Este caso pone de nuevo en el centro la pregunta sobre la confianza en las instituciones. No se trata solo de castigar posibles delitos, sino de reconstruir vínculos entre autoridad y comunidad. Para ello hacen falta procedimientos claros, plazos y resultados que la ciudadanía pueda verificar.
Seguiremos informando con base en comunicados oficiales y documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos y de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Pedimos a las autoridades que den transparencia al proceso y a la sociedad que mantenga la exigencia de justicia y verdad.
