Salomón Jara anuncia avance en rendición de cuentas; promete más investigaciones
El gobernador informó que la administración estatal impuso 816 sanciones y que las gestiones de Gabino Cué y Alejandro Murat dejaron pendientes más de 37 mil millones de pesos.
Oaxaca de Juárez, Oax. 29 de septiembre de 2026.- El gobernador Salomón Jara aseguró este martes que su administración apuesta por la rendición de cuentas y que los resultados comienzan a verse: “Ahora sí hay rendición de cuentas”, dijo, citando datos de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno de Oaxaca.
En conferencia de prensa, Jara detalló que, desde el inicio de la llamada Primavera Oaxaqueña, el gobierno estatal ha impuesto 816 sanciones administrativas. Estas medidas, explicó, responden a irregularidades detectadas en distintas dependencias y contratos y buscan recuperar recursos y sancionar a servidores públicos que incumplieron la ley.
Al mismo tiempo, el mandatario declaró que hay montos significativos sin aclarar correspondientes a gestiones pasadas: “En las administraciones de Gabino Cué y Alejandro Murat no se aclararon más de 37 mil millones de pesos”, afirmó, según el puntual registro que presentó la dependencia encargada de la fiscalización interna.
Lo que dijo el gobierno, según la Secretaría de la Contraloría, incluye sanciones administrativas, inhabilitaciones y procedimientos de responsabilidad patrimonial. Jara subrayó que estas acciones no buscan exhibir por sí mismas sino avanzar en la devolución de dinero a la ciudadanía y en fortalecer controles para que no se repitan prácticas indebidas.
¿Qué implica esto para la gente? En términos prácticos, la administración señala que la recuperación de recursos y la imposición de sanciones pueden traducirse en más presupuesto disponible para servicios públicos básicos, obras y programas sociales. “Rendir cuentas es como limpiar la casa; si sacas lo que sobra y reparas lo que está roto, la casa se puede habitar mejor”, dijo el gobernador, con un ejemplo sencillo para la ciudadanía.
No obstante, el avance tiene límites claros: muchas sanciones son administrativas y todavía queda pendiente la judicialización de casos graves, la recuperación efectiva de todos los recursos señalados y la colaboración con órganos externos de fiscalización para validar cifras y procedimientos. Organismos ciudadanos y especialistas en transparencia han pedido revisar expedientes caso por caso y garantizar que las sanciones no queden solo en multas sin efectos reales.
La Secretaría de la Contraloría del Gobierno de Oaxaca figura como la fuente oficial de los datos citados por Jara. En paralelo, la Fiscalía General del Estado y otras instancias federales podrían intervenir en los expedientes que involucren presuntas conductas delictivas.
Analistas consultados por este diario señalan que el balance debe medir dos cosas a la vez: el número de sanciones y la eficacia en la recuperación de recursos y en la prevención de nuevas irregularidades. “Sancionar está bien, pero lo que vota la ciudadanía es la capacidad del Estado para transformar esos actos en bienestar tangible”, comentó una especialista en políticas públicas que pidió mantener reserva sobre su nombre por razones profesionales.
El gobernador también convocó a la sociedad civil y a las y los trabajadores públicos a mantener una vigilancia activa: transparencia no es solo tarea del gobierno, dijo, sino obligación compartida que requiere denuncia, participación y seguimiento ciudadano.
En resumen, el Gobierno de Oaxaca presenta resultados administrativos que apuntan a una mayor fiscalización interna. Hay sanciones y cifras que exhiben problemas heredados, pero los retos siguen siendo la judicialización cuando proceda, la recuperación efectiva de recursos y la consolidación de mecanismos institucionales que eviten la repetición de irregularidades.
Este medio continuará dando seguimiento a los expedientes y a las cifras oficiales que aporte la Secretaría de la Contraloría y el Gobierno de Oaxaca para ofrecer a la ciudadanía información clara y verificable sobre el avance real de la rendición de cuentas en el estado.
