Diputados aceleran trámite para permitir doble nacionalidad desde 2028
La Cámara de Diputados presentó y acelera un dictamen que busca reconocer la doble nacionalidad a partir de 2028; el texto incluye restricciones sobre el uso de documentos de identidad extranjeros y la protección diplomática por otro Estado, según la propia Cámara.
Ciudad de México. La Cámara de Diputados anunció esta semana la agilización del trámite legislativo de una reforma para permitir la doble nacionalidad que, de avanzar en los tiempos previstos, podría entrar en vigor a partir de 2028. El dictamen, consultado en Palacio Legislativo, no sólo abre la puerta a reconocer legalmente a las personas con vínculos formales con más de un país, sino que introduce límites puntuales: contempla como parte de la regulación restricciones relativas al uso de documentos de identidad extranjeros y a la protección diplomática otorgada por otro Estado.
Según la documentación de la Cámara de Diputados, la intención del proyecto es adaptar el marco jurídico a una realidad social: miles de mexicanas y mexicanos nacidos en el país o por opción que viven y trabajan fuera, sobre todo en Estados Unidos, mantienen lazos familiares y económicos que reclaman un reconocimiento claro. Para muchos, la doble nacionalidad significa poder tramitar papeles más sencillos, estudiar, trabajar o viajar sin renunciar a la ciudadanía de origen.
Pero la propuesta también plantea preguntas prácticas. ¿Qué implicaría la limitación del uso de documentos extranjeros en trámites oficiales? ¿Podría afectar el acceso a servicios, la identificación ante autoridades o los derechos electorales? El dictamen sugiere matices: se busca compatibilizar la convivencia de identidades con garantías de seguridad y soberanía, señaló la Cámara.
Quienes impulsan la reforma argumentan que reconocimientos así evitan trámites invasivos y permiten integrar en el sistema a personas que hoy viven en la ambigüedad administrativa. Los críticos, en cambio, piden claridad sobre el alcance de las restricciones y sobre cómo se protegerán derechos básicos frente a la posible instrumentalización de la nacionalidad con fines políticos o de seguridad.
En la práctica cotidiana, la reforma podría beneficiar a estudiantes binacionales, a familias que cruzan la frontera con frecuencia y a trabajadores transnacionales. También requiere que registros civiles, consulados y autoridades migratorias coordinen nuevos procedimientos. El calendario legislativo marca que, tras la aprobación en comisiones, el dictamen deberá ser discutido en el pleno de San Lázaro y, de ahí, pasar al Senado para su ratificación y eventual publicación.
La discusión entraña asuntos técnicos y políticos: desde la compatibilidad con tratados internacionales hasta la protección consular y la definición de cargos públicos vedados a quienes ostenten otra ciudadanía. Por eso la Cámara de Diputados ha anunciado audiencias y mesas de trabajo con especialistas, organizaciones de la sociedad civil y representantes de comunidades migrantes.
Si la reforma se concreta en 2028, será clave la difusión y el acompañamiento para que la gente entienda cómo ejercer derechos y qué limitaciones se aplican en situaciones concretas, como el uso de pasaportes extranjeros o la solicitud de protección diplomática. En palabras de expertos consultados por la Cámara, el objetivo es evitar «dos mundos jurídicos» para la misma persona, pero sin diluir las responsabilidades que implica la ciudadanía.
La aprobación final aún no está asegurada. El proceso legislativo tendrá que enfrentar enmiendas, debates públicos y, seguramente, la vigilancia de organizaciones que representan a migrantes. Para quienes viven entre países, la reforma puede ser una llave práctica; para la sociedad en su conjunto, una oportunidad para aclarar qué significa pertenecer y qué obligaciones conlleva.
Fuente: Cámara de Diputados
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