Pobreza multidimensional baja a 29.6% pero casi 3 de cada 10 mexicanos siguen en condición vulnerable
Ciudad de México. Según el Inegi, México registró en 2024 su menor nivel de pobreza multidimensional de los últimos años, al alcanzar 29.6 por ciento de la población. Es una señal de avance, pero también una alerta: casi 3 de cada 10 personas aún viven con carencias que afectan su bienestar cotidiano.
La caída en la tasa refleja una tendencia sostenida en indicadores como acceso a servicios básicos, educación y resultados laborales. Traduce, en palabras sencillas, que hay menos hogares sin agua, sin electricidad o con niños que no concluyen la escuela. Para muchas familias esto significa poder afrontar gastos médicos o enviar a sus hijos a la secundaria sin sacrificar lo esencial.
No obstante, el número sigue siendo alto. Un 29.6% equivale a decenas de millones de personas que enfrentan combinaciones de carencias: vivienda inadecuada, salud precaria, rezago educativo o insuficiencia de ingresos. En zonas rurales y en comunidades indígenas la recuperación ha sido más lenta; la desigualdad territorial y la falta de servicios de calidad empujan a que el progreso no llegue por igual.
El informe del Inegi también deja claro que el empleo y las transferencias sociales jugaron un papel importante. Cuando aumentan los ingresos formales y se enfocan apoyos en quienes más lo necesitan, la pobreza baja. Pero si ese impulso no se acompaña de políticas de largo plazo —escuelas, clínicas, infraestructura hídrica y vivienda digna— los avances pueden quedarse en resultados temporales.
Desde una mirada cotidiana, la diferencia entre salir o permanecer en la pobreza puede ser una intervención municipal que lleve agua potable a una colonia, un programa de becas que evite la deserción escolar, o una clínica comunitaria que atienda enfermedades prevenibles. La política pública juega así un papel directo en la vida de la gente.
Las autoridades tienen sobre la mesa dos tareas claras: consolidar los logros recientes y cerrar las brechas regionales y por grupo poblacional. Eso implica fortalecer los programas con evaluación, focalización y presupuesto estable; invertir en servicios públicos de calidad; y diseñar estrategias específicas para pueblos indígenas, zonas rurales y juventud.
La ciudadanía también tiene un papel: exigir transparencia, participar en los diagnósticos locales y vigilar que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan. La disminución a 29.6% es buena noticia, pero no basta. Si queremos que apenas uno o dos de cada diez estén en esta condición, hacen falta políticas sostenidas, trabajo comunitario y compromiso institucional.
Fuente: Inegi.
