Avance gradual: pobreza multidimensional retrocede a 29.6% en México, informa Inegi
Ciudad de México — México registró en 2024 su menor nivel de pobreza multidimensional de los últimos años, al situarse en 29.6 por ciento de la población, según datos publicados por Inegi. Esa cifra implica que aproximadamente 37 millones de personas viven en condiciones que combinan carencias en ingreso y en aspectos como salud, educación y vivienda.
Detrás del número hay matices: se trata de un alivio parcial. Los datos muestran una tendencia de disminución sostenida, pero las mejoras no son uniformes. Mientras algunas ciudades y zonas metropolitanas presentan avances claros en acceso a servicios y empleo formal, regiones del sur y áreas rurales mantienen rezagos importantes. En otras palabras, se avanza quitando piedras del camino, pero no se ha pavimentado aún toda la ruta.
Inegi apunta que la caída en la pobreza multidimensional está ligada a varias dinámicas económicas y sociales: recuperación del empleo tras la pandemia, programas sociales, y mayor acceso a servicios básicos en algunas localidades. Sin embargo, la informalidad laboral, la desigualdad en el acceso a educación de calidad y la brecha de servicios en comunidades indígenas y rurales siguen siendo los principales frenos.
Para una familia que vive en la periferia de una ciudad, esto puede traducirse en cambios concretos: mejor acceso a una clínica cercana, menos faltas escolares por ayuda económica o la posibilidad de contratar servicios básicos. Pero para hogares en municipios con escasa infraestructura, el progreso aún se siente lejano.
Las cifras de Inegi invitan a dos lecturas: celebrar los avances sin caer en triunfalismos y mantener la presión sobre las políticas públicas. Es urgente focalizar recursos en salud primaria, educación territorializada, vivienda digna y generación de empleo formal, así como mejorar la transparencia y evaluación de programas sociales para asegurar que lleguen a quienes más lo necesitan.
La reducción al 29.6 por ciento es un paso concreto, pero la meta es más ambiciosa: transformar ese alivio parcial en cambios sostenibles que cierren brechas históricas. La ciudadanía puede exigir información clara y resultados verificables; las instituciones tienen la responsabilidad de responder con políticas públicas efectivas y sensibles a las diferencias regionales. Ese diálogo —entre sociedad y gobierno— es clave para que el descenso en las cifras se traduzca en mejoras reales y duraderas en la vida de millones de personas.
