Propuesta de 10.63 billones: Sheinbaum apuesta a más gasto social y a cerrar el “huachicol” fiscal sin subir impuestos
La Secretaría de Hacienda presentó un proyecto de presupuesto que aumenta partidas para ciencia, seguridad, salud y educación y promete combatir la evasión fiscal que el gobierno califica como “huachicol fiscal”.
El documento entregado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) plantea un presupuesto total de 10.63 billones de pesos para el próximo ejercicio y, según la propia dependencia, asigna incrementos a los rubros de ciencia, seguridad, salud y educación respecto al ejercicio anterior. El gobierno sostiene que la propuesta no incluye nuevos impuestos y que buscará financiar esos aumentos reduciendo fugas y combatiendo la evasión, lo que denominó “huachicol fiscal”.
¿Qué significa esto en la práctica? Para una familia, más recursos en salud pueden traducirse en mayor abasto de medicamentos o más clínicas; en educación, en becas y mantenimiento de escuelas; y en ciencia, en apoyos para jóvenes investigadores y universidades. En seguridad, el incremento apunta a reforzar corporaciones y programas de prevención, con el objetivo de que la inversión pública no sólo responda a emergencia, sino a prevención.
La promesa central del paquete es doble: aumentar gasto social y, al mismo tiempo, no tocar las tasas impositivas ni crear nuevas contribuciones. Para lograrlo, la SHCP plantea intensificar la fiscalización y cerrar vacíos legales que permiten la elusión y la evasión. En el lenguaje gubernamental, eso es combatir el “huachicol fiscal”: detener las pérdidas de ingresos que, según el Ejecutivo, permitirían financiar mayores programas sin subir impuestos.
Quedan preguntas abiertas. El documento de la SHCP describe las prioridades y los montos agregados, pero detalla menos las medidas concretas para asegurar que el ahorro por mayor recaudación sea suficiente y sostenible. Expertos en finanzas públicas suelen recordar que sin cambios estructurales en la recaudación o en la eficiencia del gasto, las promesas de expansión pueden terminar traducidas en recortes a otras partidas o en presiones sobre el déficit.
Desde una mirada ciudadana, el desafío es claro: vigilancia. Si el plan funciona, habrá más servicios y oportunidades; si no, los beneficios pueden diluirse. La discusión efectiva pasa por la transparencia en la ejecución, datos claros sobre cuánto se recupera por combate a la evasión y controles que permitan a la sociedad evaluar resultados.
El Gobierno invita a ver la propuesta como una apuesta por la justicia social y por cerrar “goteras” en la hacienda pública. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público será la encargada de detallar los mecanismos en las próximas semanas, cuando el paquete pase por el análisis del Congreso y la revisión pública. Es momento de preguntar cómo y con qué herramientas se va a cumplir lo prometido, y de exigir cuentas en el camino.
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